La cristiada

Un momento por favor

J. Jesús Juárez Martín                                                

APROBACIONES ECLESIALES DE LA LUCHA ARMADA

Ante el conflicto sobre la legitimidad de un pronunciamiento armado, no existía un consenso, tal vez, la mayoría de prelados vieron con buenos ojos la defensa inmediata de los derechos religiosos ante una imposición más legalista que racional. Sin embargo, se dieron voces de apoyo y advertencias de los riesgos y tal vez negación de la esencia de la religión cristiana porque amor y perdón son valores que se complementan.

El 18 de octubre de 1926. •En Roma Pío XI recibe una Comisión de Obispos mexicanos, que le informa de la situación de persecución y de resistencia armada.

El 18 de noviembre  de 1926, un mes después  publica el Papa su encíclica Iniquis afflictisque, en la que denuncia los atropellos sufridos por la Iglesia en México: “Ya casi no queda libertad ninguna a la Iglesia [en México], y el ejercicio del ministerio sagrado se ve de tal manera impedido que se castiga, como si fuera un delito capital, con penas severísimas”  El Papa alaba con entusiasmo la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, donde sus socios trabajan concorde y asiduamente, con el fin de ordenar e instruir a todos los católicos, para oponer a los adversarios un frente único  y  se conmueve ante el heroísmo “Algunos de estos adolescentes, de estos jóvenes –cómo contener las lágrimas al pensarlo– se han lanzado a la muerte, con el rosario en la mano, al grito de ¡Viva Cristo Rey! Inenarrable espectáculo que se ofrece al mundo, a los ángeles y a los hombres”.

 30 de noviembre de 1926. •Los dirigentes de la Liga Nacional, antes de asumir la dirección del movimiento cristero, pidieron el apoyo del Episcopado, y para ello dirigieron un Memorial en el que solicitaron:

1 No condenar el movimiento.

2  a) Una  acción  que  sostenga  la  unidad  de acción,  un  mismo plan y un mismo caudillo

   b) Formar la conciencia colectiva. Se trata de una acción  laudable,  de legítima defensa armada       c) Habilitar canónicamente vicarios castrenses.

d.-Que  los ricos católicos suministren los fondos que se destinen a la lucha, y que comprendan la obligación de contribuir.

El 30 de noviembre los jefes de la Liga son recibidos por Mons. Ruiz y Flores y por Mons. Díaz y Barreto. El primero les comunica que estudiadas las propuestas por los Obispos reunidos en la Comisión, “los diversos puntos del Memorial habían sido aprobados por unanimidad”, menos los dos últimos, el de los vicarios castrenses y el de los ricos, no convenientes o irrealizables.

15 de enero de 1927. •El Comité Episcopal, respondió a  declaraciones incriminatorias del Jefe del Estado Mayor callista, afirma el Episcopado ser ajeno al alzamiento armado; pero declara al mismo tiempo”… hay circunstancias en la vida de los pueblos en que es lícito a los ciudadanos defender por las armas los derechos legítimos que en vano han procurado poner a salvo por medios pacíficos”; y hace recuento  de todos los medios pacíficos puestos por los Obispos y por el pueblo, y despreciados por el Gobierno. Indirecta, pero así los prelados de la jerarquía católica dieron su aprobación a los católicos para ejercer su derecho a la defensa armada.

16 de enero de 1927.Llegan a Roma noticias de prensa, que se comunican que Monseñor Pascual Díaz y Barreto, obispo de Tabasco había sido desterrado de México. En declaraciones hechas en el exilio afirma “Como Obispo y como ciudadano reprueba Díaz la Revolución, cualquiera sea su causa» (López. Beltrán 108).

Inmediatamente, la Comisión de Obispos mexicanos envía una dura carta a Mons. Díaz y Barreto a  Nueva York, lamentando sus declaraciones públicas hechas “en contra de los generosos defensores de la libertad religiosa y algunas favorables al perseguidor, Calles”.

 22 de febrero de 1927. •En Roma, el presidente de la Comisión de Obispos mexicanos declara a la prensa: «¿Hacen bien o mal los católicos recurriendo a las armas? Hasta ahora no habíamos querido hablar, por no precipitar los acontecimientos. Mas una vez que Calles mismo empuja a los ciudadanos a la defensa armada, debemos decir: que los católicos de México, como todo ser humano, gozan en toda su amplitud del derecho natural e inalienable de legítima defensa» (107).

Estos años 1926 a 1929 fueron el apogeo de los conflictos Estado Iglesia y cada parte interpretaba los hechos desde sus visiones  de poder, organización y fortalecimiento, sobre una población  mayoritariamente de bautizados católicos, fieles de la Iglesia y  ciudadanos. Abundaron  protagonismos unilaterales; el gobierno anticlerical interpretaba el laicismo como ataque al poder de la Iglesia con el aplauso de las logias como lo manifestaron y el mismo Plutarco Elías Calles en el año de 1929 que declaró que la lucha no era nueva, que tenía  siglos y que continuaría.  En ese momento eran más de 2600 los sacerdotes que se habían registrado ante la Secretaría de Gobierno y el momento de indefinición de la lucha que no cedían los cristeros, consideró el gobierno llegar a un acuerdo con las autoridades eclesiásticas, que no consultaron las milicias que estaban en campaña.