viernes, 16 de noviembre de 2018

¿Hacia la restauración de la Presidencia imperial?







Clemente Castañeda Hoeflich


Esta semana ambas cámaras del Congreso de la Unión discuten dos proyectos de ley impulsados por Morena y el próximo gobierno federal: la expedición de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Ambos proyectos pueden significar retrocesos hacia una visión centralista, monolítica y vertical del poder público, aquella visión que imperó durante el periodo de partido hegemónico y del hiperpresidencialismo.

Respecto al proyecto de Ley de la Fiscalía, ya comentado en este mismo espacio la semana pasada, recapitulo algunos de sus problemas: no garantiza la autonomía de funciones de la Fiscalía General y cancela la autonomía técnica y de gestión de las Fiscalías especializadas, lo que resulta grave dado que serán instancias encargadas de investigar, principalmente, delitos cometidos por servidores públicos: como los electorales, los hechos de corrupción o las violaciones a los derechos humanos.

Estas y otras características de la “nueva” Fiscalía reproducen patrones de verticalidad y concentración del poder en el Presidente, quien bajo este esquema normativo seguirá controlando las funciones de investigación y procuración de justicia.

El proyecto de Ley Orgánica de la Administración Pública contiene graves retrocesos que clasificaría en tres rubros: 1) el atropello al pacto federal, 2) la restauración del presidencialismo y 3) la desnaturalización de la función de seguridad pública.

La ley atropella el pacto federal mediante la figura de (super)delegados en los estados, lo que supone una reestructuración en la relación y en el equilibrio de poder entre las entidades federativas y la Federación, una reestructuración que no sólo atenta contra la autonomía de los estados y municipios, sino que también implica un peligro para el orden democrático, al concentrar en una instancia de carácter político, y cuasi partidista, el control de programas sociales, de recursos federales e incluso de tareas de seguridad pública que deben ejecutarse de acuerdo al pacto federal.
Por otro lado, la ley impulsada por Morena busca restaurar el presidencialismo porque concentra bajo un esquema de verticalidad y centralismo diversas atribuciones, como las de consejería jurídica, de compra de publicidad, de adquisiciones gubernamentales, entre otras que, bajo esta visión, serán administradas y vigiladas por las mismas instancias, y siempre bajo el manto de la oficina de la Presidencia.

Finalmente, la Ley desnaturaliza la función de seguridad pública al crear una maquinaria institucional no orientada hacia la seguridad ciudadana, sino hacia los enfoques reactivos y represivos.

La creación de la nueva Secretaría de Seguridad implica concentrar en ella labores inteligencia y de seguridad nacional que más allá de significar una invasión de atribuciones de otras instancias, apuntan hacia la restauración de una agencia de seguridad, espionaje y control propia de los años setenta.
El diseño institucional es crucial porque impone límites y genera certidumbre, independientemente de las personas que ocupen los cargos.

Por ello, preocupan los proyectos de ley que impulsa Morena, porque en lugar de imponer límites, dan carta abierta a la restauración de viejas prácticas; porque en lugar de dar certidumbre, generan dudas sobre una posible tentación presidencialista y autoritaria.

                Senador de la República
                de Movimiento Ciudadano por Jalisco


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