Los derechos de los niños, niñas y adolescentes

Víctor Hugo Prado

Hace algún tiempo estuve en un restaurante de comida mexicana y quien tomaba la orden era un niño que vestía pantalón, camisa, moño y botines, como si fuera un charro. A lo mejor lo era. Tenía alrededor de 12 años. La amabilidad con la que atendía era realmente fuera de lo común, asimismo, las reverencias que hacía ante los comensales. No faltó que a alguien de las mesas de al lado se le hiciera extraordinario el detalle del restaurante que tenía entre sus colaboradores un niño charro que tan gentilmente atendía a los clientes. En mi propia mesa, se dijo que ojalá hubiera más niños trabajando como el pequeño que causaba admiración.

            Ver trabajar a un niño es en principio un acto ilegal, pues la prohibición del trabajo infantil se consagra en la Ley Federal del Trabajo. Además, porque las niñas, los niños y los adolescentes son titulares de Derechos Humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales. 

            Tan solo la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014, les reconoce a éstos de manera enunciativa y no limitativa derechos:  a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; a la identidad;  a vivir en familia; a no ser discriminado; a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; a la salud y a la seguridad social; a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; a la educación;  al descanso y al esparcimiento; a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; a la libertad de expresión y de acceso a la información; a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, por citar algunos.

            El trabajo infantil, vulnerara los derechos de la infancia, no abona a resolver problemas de pobreza ni las carencias familiares; y socialmente, reproduce entornos de desigualdad, baja escolaridad y ausencia de capacidades para insertarse al mundo laboral, social y cultural.

            Y si el trabajo está prohibido para los menores de quince años, qué se puede decir de las crudas escenas vistas de niños entre seis y 15 años, reclutados para realizar labores castrenses o paramilitares, en el municipio de Chilapa, Guerrero. El argumento insostenible por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, es defender a su pueblo frente a grupos de narcotraficantes que por años han asolado a sus comunidades. Lo que vimos nos habla de un Estado rebasado por la inseguridad y falta de oportunidades. Y por cierto, las escenas son del 2020 y compete resolver a estos gobiernos, sea el municipio, la entidad o la federación.