Oswaldo
Ramos
Exactamente
tres meses después de aquel fatídico 2 de junio, la incertidumbre, las señales
de alarma y los ecos de la tragedia se hicieron presentes en el municipio de
San Gabriel.
Aproximadamente a las 17:00 horas
del pasado 2 de septiembre, el río Apango volvió a correr con furia llevando a
su paso una gran cantidad de sedimentos y restos de troncos talados o
calcinados que hace no mucho formaban parte de un bosque. Los daños se siguen
incrementando, la preocupación no ha cesado y las consecuencias de un mal
manejo de los bosques y de un esquema erróneo de producción agroindustrial se
siguen haciendo presentes, los bosques que en pocos días fueron aniquilados
tomarán décadas en recuperarse, si es que se les da la oportunidad.
En mayo pasado los bosques del Sur
de Jalisco ardieron a un ritmo difícil de controlar durante casi dos semanas y
San Gabriel fue uno de los municipios que más sufrió. En consecuencia, el suelo
degradado no pudo resistir más y sencillamente colapsó trayendo consigo un
estrepitoso alud de lodo y troncos de árboles que desde la parte alta de la
cuenca llegaron a San Gabriel, inundándolo en un día en el que ahí ni siquiera
llovió.
El fenómeno del 2 de junio no ha
dejado de repetirse al momento, un ejemplo de ello sucedió el día 4 de agosto;
mientras un nutrido grupo de pobladores se reunía para saber más sobre la
problemática y encontrar alternativas para afrontarla, una lluvia que no duró
más de 15 minutos provocó una crecida anormal en el caudal del río. La
intensidad no ha sido la misma, pero la dinámica del fenómeno sí.
Preocupa que existan grupos que
realicen actividades productivas al margen de la ley y a costa de nuestros
recursos naturales y nuestra seguridad. Pero más preocupa esta paradoja en la
que el Gobierno Estatal parece atender y entender la situación, pero una vez
más el discurso se aleja de la realidad. De la denuncia que presentó ante la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al momento poco se sabe y tal denuncia
se ha dejado ver como un acto de reacción –en el mejor de los casos- que está
desligado de una estrategia integral que busque limitar el crecimiento de la
frontera agropecuaria en ecosistemas forestales.
La memoria de corto plazo no puede
tener lugar en agendas de gobierno y no puede seguirse buscando el
reconocimiento o aplauso de gobernantes que sólo saben ver hacia lo individual.
El pasado sábado circuló en redes
una imagen del alcalde de Zapotlán en la cual, como parte de su informe de
actividades, presume que este municipio es “líder agroalimentario en Jalisco”,
siendo que Zapotlán es uno de los municipios que más ha sufrido la
deforestación, el cambio de uso de suelo y el uso excesivo del agua en la
actividad agroindustrial. Definitivamente, las prioridades no están
claras.
No existe argumento que justifique
la complicidad del Estado en prácticas que no hacen más que impactar
ecosistemas e incluso poner en riesgo la vida de las personas, bajo el
insuficiente argumento de la generación de empleos y de capital, el cual sí
existe, pero no implica movilidad social y no beneficia a las regiones donde se
desarrolla la actividad.
De acuerdo a información publicada
por Canal 44 y la Universidad de Guadalajara. Desde 2003 y hasta 2017, las
huertas aguacateras del Sur de Jalisco pasaron de 1,260 hectáreas a 28,833.5
hectáreas en las regiones Sierra del Tigre, Apango y Complejo Volcánico de
Colima, de las cuales, 12,384 hectáreas corresponden a espacios de bosques y
selvas, a través de un proceso ilegal de cambio de uso de suelo en 95 de cada
100 de esas hectáreas.
Las extensiones anteriormente
señaladas se han incrementado a la fecha y a escasos tres meses de haber cesado
el fuego, ya existen plantaciones de aguacate en zonas de Apango y el Volcán de
Colima.
El problema de los bosques en el
Sur de Jalisco se replica en el Área Metropolitana de Guadalajara; mismo
fenómeno con causas distintas. Tras el anuncio de la venta de las Villas
Panamericanas, circuló en redes una imagen con el título de ¡Sin Bajío No hay
Colomos!, que muestra la importancia de esta zona y cómo alterar aún más su
dinámica, impactaría en la zona urbana comprometiendo incluso otros espacios
naturales como es el Bosque de Colomos.
Academia, ciudadanía y
organizaciones civiles están cansadas de hablar con argumentos sin que sus
voces sean escuchadas con seriedad.
No pueden seguirse tomando
decisiones por gobiernos ni actores políticos que no entiendan que el futuro es
compartido o no lo es.
No es justo que la población viva
con miedo y que en las autoridades impere el silencio.
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¿Qué nos queda?
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