Antonio Jiménez Díaz
El
inicio del año 2017 podrá ser recordado por diferentes fenómenos que suceden en
Norteamérica, en particular en los Estados Unidos de América y los Estados
Unidos Mexicanos, ambos países viven desafíos latentes a sus democracias.
En el caso de los Estados Unidos de América, posterior al proceso electoral
realizado el 8 de noviembre del año 2016, concluido el 18 de diciembre del
mismo año, Donald Trump fue proclamado como Presidente electo, llegando al
cargo con una legitimidad altamente cuestionada y socialmente reclamada.
Una de las democracias más longevas del continente americano, en los primeros
momentos ejemplo para los países de corte latino que fueron obteniendo su
independencia de los países europeos de quienes dependían como colonias, ha
empezado a dar muestra de las falencias que genera un esquema de Colegio
Electoral, en el cual 538 personas cuentan con el voto indirecto para
determinar la persona que ocupará el cargo de Titular del Poder Ejecutivo.
Según números actualizados por medios de comunicación, en los Estados Unidos de
América, Donald Trump hizo una campaña con alto grado de eficiencia, se dedicó
a conseguir el número de votos por Estado que le otorgara los de los
integrantes del Colegio Electoral que le hizo conseguir 307 de los 270 votos
requeridos para convertirse en Presidente. La candidata demócrata, además de
algunos otros defectos en su campaña, parece haber destinado sus esfuerzos a
convencer a las masas de votantes, lo que consiguió, tan es así que obtuvo 2.9
millones de votos populares más que el Presidente en funciones.
El resultado de las elecciones en los Estados Unidos ha generado reacciones en
diversos sectores, entre ellos, quizá el más numeroso y valiente, de las mujeres,
quienes en unión de hombres y niños realizaron marchas en diversas ciudades de
todo el país y varias del mundo, reclamando respeto y protección de sus
derechos.
Una de las tantas incoherencias que ha referido el representante de uno de los
países más poderosos del orbe ha ocurrido en las primeras cuarenta y ocho horas
de su gestión, en su discurso inaugural dijo –retóricamente- que había llegado
el momento de devolver el poder al pueblo y arrebatarlo a Washington, sin
embargo, posterior a la gran marcha, dijo por una parte respetar el derecho a
manifestarse pero que estaba recién hecha una elección y cuestionó por qué esas
personas no habían votado.
En el caso mexicano, advertimos un esquema político sumamente fragmentado, en
el cual existen diversas fuerzas políticas representadas en los Congresos
(Federal y locales) y un Ejecutivo que llega al poder con cuestionada
legitimidad. El esquema de partidos genera que haya tres o cuatro actores con
cierto dominio, quienes cuentan entre el quince y el treinta por ciento de las
preferencias de los electores y, a su vez, de representación en los órganos
legislativos.
Por su parte, el titular del Ejecutivo es electo con índices inferiores al
cuarenta por ciento de los electores, ello sin tener en cuenta los altos grados
de abstencionismo, que aunque variado en los últimos procesos, ha oscilado
entre el treinta y cuarenta por ciento de los registrados en el Registro
Nacional de Electores.
La realidad vivida en nuestro país indica que, la cuestionada legitimidad de
los gobernantes se ve aún más acentuada con la toma de decisiones “difíciles”,
las cuales tienen un alto grado de probabilidad de traducirse en “impopulares”
y, con ello, los índices de apoyo a los gobernantes se reducen, llevando a
números paupérrimos como el que conocemos en mediciones más o menos
actualizadas del Presidente Enrique Peña Nieto quien cuenta con las simpatías
de un 12% de los ciudadanos de nuestro país, cuando llegó con un 38% de
electores activos el día de la jornada electoral, que es equivalente al 44% con
el que inició su periodo Donald Trump, según datos publicados por la
encuestadora Gallup.
De manera similar, ciudadanos en México y Estados Unidos, han tomado las
calles, han empezado a hacer sentir su inconformidad, su postura disidente con
los gobernantes y las políticas que nos afectan, quizá los sistemas políticos,
aparentemente “democráticos” deban ser cuestionados y buscar una mejor forma de
organizar el poder que obedezca a mayorías y respete a minorías, que respete
los derechos humanos y entienda que los recursos son para beneficio de los
gobernados, no de los gobernantes.
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