martes, 13 de septiembre de 2022

A restablecer las escuelas de tiempo completo


  

Víctor Hugo Prado

 

 

La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de eliminar las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) anunciado en el mes de marzo de este año, había dejado a 3.6 millones de estudiantes de 3 a 15 años sin horas adicionales de clase y alimentación, concentrados en su mayoría en zonas de alta marginación social, afectando a madres, padres y sobre todo a estudiantes en la construcción de un futuro que garantizara el desarrollo pleno.



 

Las ETC venían funcionando desde 2007 y sus logros contaron con el reconocimiento de organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Banco Mundial, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a las que le atribuyeron importantes logros: un mayor nivel de aprendizajes y cierre de brechas de desigualdad. Su impacto sobre los aprendizajes en escuelas de alta o muy alta marginación es 30% mayor que en escuelas con menor marginación; menor desnutrición entre los alumnos más vulnerables, para 66% de los estudiantes beneficiados el alimento que recibían en su escuela era el primero del día; y mayor participación laboral de las madres de familia en 5 puntos porcentuales.

 

La eliminación de las escuelas de tiempo completo ocurrió en un momento crítico para la educación en México, pues se da justamente frente al regreso a clases presenciales privando a alumnas y alumnos y sus familias a prescindir de uno de los escasos recursos para enfrentar los retos derivados de la pandemia: deserción escolar, pérdidas de aprendizajes y menor participación de madres de familia en empleos remunerados.

 




El día de ayer la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Ordenó al gobierno federal a restaurar las Escuelas de Tiempo Completo (ETC), como operaban antes, de acuerdo con la resolución judicial, ante la demanda de amparo presentada por Aprender Primero.

 

En recurso interpuesto se argumentó que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes, al excluir a su beneficio de manera arbitraria y al no garantizar los recursos que permitan que las escuelas puedan tener horas adicionales de aprendizaje y alimentos en la práctica. La jueza determinó que se violó el principio de progresividad respecto a los derechos de educación y alimentación de los menores, además del interés superior de la niñas y niños, mismos que se garantizaban con las ETC.

 

Bien por la jueza, bien por las niñas y niños y bien por sus familias. Ahora queda esperar que se cumpla la ley, que las autoridades acaten lo resuelto y que el asunto no se vaya enredar en un entuerto legaloide y se siga trastocando los derechos de niñas y niños.

 

 


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