Pedro
Vargas Avalos
Recientemente
se han registrado decisiones trascendentales en diversos aspectos de la vida
nacional, los cuales nos acreditan la suma importancia de las minorías, sin
olvidar que en toda democracia las mayorías ejercen le rectoría de la
república.
Los
casos a que nos referimos son tres: a) en la Suprema Corte de Justicia, al
declararse constitucional la nueva Ley Eléctrica; b) en el Poder Legislativo
Federal, al combinarse las oposiciones y evitar que el partido en el gobierno
alcanzara la mayoría calificada, requisito ineludible para modificar la
Constitución; c) el ejercicio de Revocación de Mandato presidencial que no
logró ser vinculatorio, al no votar el 40% de ciudadanos empadronados.
Lo
anterior está relacionado con la representación de las minorías en las Cámaras
de diputados y de senadores, que, significando una parte de la nación, llega a
esos recintos y forma la oposición al gobierno, en nuestro país, del actual
régimen denominado de la Cuarta transformación (4T).
Para
el notable republicano estadounidense Tomás Jefferson (1743-1826), “La
democracia no es más que el gobierno de las masas, donde un 51% de la gente
puede lanzar por la borda los derechos del otro 49%”. En este caso estamos ante
la dictadura de la mayoría, consecuentemente, de la represión de las minorías.
Nuestro
distinguido tribuno, el tapatío Mariano Otero (1817-1850), reflexionando sobre
ese tema, concluyó que, si el pueblo se integra por mayorías y minorías, la suma
de ambas porciones es el total de la nación; por lo tanto, el destino de la
república se debe fraguar por ambas partes, sin olvidar que, en democracia, la
mayoría es quien dirige.
Resulta
palmaria y muy persuasiva la idea del patriota Otero, forjador del juicio de
amparo mexicano. Por ello, un perspicaz seguidor suyo, el Lic. Jesús Reyes
Heroles (1921-1985), siendo líder del entonces todopoderoso PRI, cristalizó ese
proyecto oteriano: A partir de 1962 hubo en el sistema parlamentario mexicano,
los representantes de las minorías, que infortunadamente se conocieron como
diputados de partido. Hoy son los llamados diputados de representación
proporcional.
Decimos
infortunadamente, porque no representan partidos sino a la minoría y, en
conjunto con los de mayoría, son la representación de todo el pueblo, es decir
de la nación entera. Es por ello que debe reformarse el procedimiento para
elegir esos diputados, a efecto de que no sean “los de arriba” quienes designen
a los que llegarán a ocupar inmerecidamente una curul, sin más méritos que ser
amigos o recomendados de las dirigencias partidarias.
Regresando
al tema central de nuestro comentario, es decir, la trascendencia de las
minorías, enumeramos como cuestión inicial, el reciente caso de la Suprema
Corte de Justicia (SCJ) en que declaró, el 7 de abril pasado, la constitucionalidad
de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). En general se trataba de una acción
de inconstitucionalidad que iniciaron los senadores de minoría contra esa norma
(LIE), misma que otorga respaldos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
frente a las grandes compañías privadas (sobre todo extranjeras) que recibieron
en 2013, jugosos tratos, en detrimento de la CFE y de los consumidores
mexicanos. Desahogada la sesión de la Corte (compuesta por 11 ministros, uno de
ellos su presidente) se sometió a votación, sufragando 4 de ellos a favor y 7
en contra; como para declarar inconstitucional la LIE se requería de 8 votos,
triunfó la minoría y la susodicha Ley quedó como constitucional. El acta
correspondiente se aprobó por unanimidad y quedó firme aquella catalogación.
Este
es un elocuente caso en que la minoría, se significa trascendentalmente en pro
del estado de derecho, condición invariable que debe imperar en el país.
El
segundo caso que nos induce a meditar sobre el papel de las minorías, es el
referente a la iniciativa presidencial para reformar la Constitución,
denominada de la reforma eléctrica y del litio. Hubo muchos debates sobre el
tema, dividiéndose en dos grandes bandos: los que apoyaban la reforma, con el
fin de darle autonomía a la república en el ramo eléctrico, y así derramar
beneficios hacia los consumidores; y el otro bando, que con razones y falacias,
conservaba la reforma de Enrique Peña Nieto del año 2013, muy favorecedora del
sector privado y especialmente de empresas extranjeras.
Se
dice que, por no haber negociado Morena, esa Iniciativa, no se alcanzó la
mayoría calificada que en estos casos exige la Carta Suprema para modificarla.
Otros afirman que la tozudez de la oposición, que visceralmente rechazó la
reforma, frustró la mencionada iniciativa. Lo cierto es que se votó el domingo
10 de abril reciente, y a favor votaron 275 diputados, en tanto que en contra
hubo 223 sufragios: en consecuencia, al no haber mayoría calificada, se rechazó
la iniciativa, con lo cual, la minoría impuso su postura de antireforma.
Con
el resultado anterior, los oposicionistas festinaron su “triunfo”, aunque la
mayoría los tildó de “Traidores de la Patria”. El primer magistrado se sumó a
este calificativo y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló a los
diputados de oposición “por no pensar en su país sino en el beneficio propio”.
Por su lado los patrones y sus guías aplaudieron a esa minoría. En cambio, una
encuesta publicada el jueves 21 de abril (Massive Caller) reveló que un 65 % de
mexicanos estaban de acuerdo en reputar a los diputados de las minorías como
“traidores a la patria”. Y aquí surge la interrogante: para el bien de la
república: ¿será correcto conservar esa disposición de la “mayoría calificada”
que viene desde el siglo XIX?
Finalmente,
en el caso de las consultas revocatorias, en que se exige un 40% de votantes
para que sea vinculatoria (obligatoria en sus resultados), al ver como se llevó
a cabo la del día 10 de este mes, al no lograr ese porcentaje, no produjo
efectos jurídicos, pero sí políticos. Esto porque las oposiciones, que por
ahora son minorías, prácticamente boicotearon el ejercicio electoral
revocatorio y al no lograrse el multicitado 40% de participantes, se sintieron
complacidas; por otra parte, al constatar el gobierno que más del 90% del 17
por ciento que acudió a las urnas, apoyaron al presidente para que continuara
en el desempeño de su cargo, el mandatario y su partido con sus aliados, se
manifestaron contentos.
Paradójicamente,
todo mundo al parecer quedó satisfecho de este primer ejercicio de revocación
de mandato. Pero evidentemente no es ese su objetivo, por lo cual se requiere
sea adecuada la ley que regula estas prácticas democráticas, bajo la idea de
que llegaron para quedarse.
La
conclusión entonces es que, para mejorar la democracia, el estado derecho y la
justicia mexicanas, se necesita legislar para que se purifiquen los procesos en
que participan las minorías, comenzando con los diputados y senadores de
representación proporcional, y concluyendo con la forma de implementar las
reformas constitucionales, así como la realización de los procesos
revocatorios. Pero hacer estas adecuaciones, obliga a que se actúe con alturas
de miras, con verdadero espíritu democrático y con genuino amor por nuestra
Patria, pues de otra manera, se estaría, ahora sí, traicionando a los mexicanos
y sus instituciones.
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