El plan B en coma

 

 

Víctor Hugo Prado

 

 

El INE ha resistido los embates de los planes A y B que desde la presidencia se han orquestado para desmembrarlo. El plan A implicaba una reforma para reconstituir una institución electoral, derivando en una, carente de garantías para la realización de elecciones libres, basadas en principios rectores como la imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza e independencia. Frente a esta reforma los equilibrios de poder se activaron y no dejaron que el oficialismo se saliera con la suya: destruir al INE.

Como consecuencia surgió el plan B que aprobaron las Cámaras de Diputados y Senadores, que concentran la mayoría constituida por Morena, PT y PVEM, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Combatido en la SCJN por el INE, partidos, ONG y otros actores políticos. Ese perverso plan B que postulaba la desaparición de cuatro de cinco vocales en los 300 distritos electorales del país. El plan B que proponía reducir el tiempo para la capacitación de las y los funcionarios electorales que surgen de la ciudadanía. El plan B que instaba recortes para deshacerse del Servicio Profesional Electoral Nacional, cuyos integrantes son capacitados y evaluados constantemente.  El plan B que ponía en riesgo el voto universal, libre y secreto. El plan B que pudiera afectar de manera directa las condiciones de equidad en la contienda y el ejercicio del sufragio libre, que daba pie a que se propagandizaran los actos de gobierno bajo el argumento de la libertad de expresión, que abría paso a que funcionarias y funcionarios públicos incidieran en las elecciones. Ese plan B que convocó en contra a cientos de miles de manifestantes libres, en distintas ciudades del país, sin acarreos, motivados por la defensa de la democracia.  

Ese plan B que, si no está muerto, si en coma; porque la SCJN admitió la controversia constitucional presentada por el INE y ha concedido una suspensión para que las modificaciones legales no se apliquen hasta que los ministros resuelvan si son constitucionales. Por tanto, el INE preserva funciones y estructura institucional para seguir funcionando como hasta antes de la aprobación del llamado plan B. La suspensión decretada por el ministro Javier Laynez, ha sustentado su decisión en que la reforma impulsada por el Gobierno supone violaciones a los derechos políticos de los ciudadanos. Ahora toca al pleno de la Corte resolver la controversia constitucional de plano. Mientras tanto, como en las historietas del coyote y el correcaminos, el primero ha maquinado un plan C para tener injerencia en un órgano que le ha dado paz y confianza electoral a los mexicanos y con ello una paz social tan necesaria y exigible por los tiempos convulsos en los que vivimos.