En México,
el Nuevo Sistema de Justicia Penal fue implementado en el año de
2016. Este nuevo sistema conocido también como Sistema de Justicia
Penal Acusatorio tiene como objetivo la solución de conflictos de una
manera más pronta, eficiente, justa, humana, transparente y respetuoso de las
garantías individuales.
Sin embargo, según datos oficiales
dados a conocer por el INEGI, en este año que está por concluir el 48.6% de la
población privada de la libertad recibió agresiones físicas al momento de su
detención. Entre junio y julio de 2021, 25.9 % de la población privada de la
libertad se sintió insegura al interior del centro penitenciario.
Por si esto fuera poco, el 17.2% de
la población privada de la libertad ha experimentado al menos un acto de
corrupción durante su estancia en el centro penitenciario. 34.1% de la
población fue víctima de algún delito al interior del centro penitenciario
entre julio de 2020 y julio de 2021.
Esto se sabe gracias a que el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó la Encuesta
Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 con el propósito de
generar información relevante sobre las condiciones de procesamiento e
internamiento de la población de 18 años y más que legalmente ha sido privada
de su libertad en Centros Penitenciarios, su perfil demográfico y
socioeconómico, los delitos por los cuales fueron procesados y sentenciados,
entre otras características.
Es la segunda edición de este
programa estadístico que complementa la información generada por los Censos
Nacionales de Seguridad Pública, Sistemas Penitenciarios, Procuración e
Impartición de Justicia, realizados por el INEGI, así como la Información Estadística
Penitenciaria Nacional, generada por el Órgano Administrativo Desconcentrado
Prevención y Readaptación Social y el Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Para ello se visitaron 203
centros penitenciarios de los ámbitos federal y estatal en las 32 entidades
federativas que concentraron 95.5% de la población privada de la libertad entre
junio y julio de 2021. Dado lo anterior, el diseño estadístico de la ENPOL 2021
permite contar con representatividad a nivel nacional, por entidad federativa y
para 54 centros penitenciarios de interés. El período de referencia de la
información es de julio de 2020 a julio de 2021.
Para el levantamiento de la
ENPOL 2021 se consideró una muestra de 67 584 personas de 18 años y más
privadas de la libertad en centros penitenciarios estatales y federales, la
cual incluyó a la totalidad de la población femenil, que a junio de 2021
representó 5.7% del total.
El informe indica que al
incluir la totalidad de la población de mujeres privadas de la libertad, será
posible realizar análisis para este segmento de la población con un 99% de
precisión estadística, lo cual permitirá reflejar de una manera más clara y
detallada sus condiciones de detención, presentación ante el Ministerio
Público, proceso judicial, vida al interior del centro penitenciario y
expectativas de reinserción social.
La población con cuatro años o
menos de haber ingresado al centro penitenciario se ubicó en 39.5 por ciento.
De igual forma, 36% de la población privada de la libertad fue detenida por la
Policía Ministerial o Judicial. 48.6% de la población privada de la libertad
recibió agresiones físicas al momento de su detención. 38.4% de quienes
sufrieron agresiones físicas señaló haber recibido patadas o puñetazos por
parte de la policía o autoridad que la detuvo, mientras que 23% mencionó haber
sido asfixiada o ahorcada.
Por otra parte, 15.5% de la
población de mujeres que sufrió agresiones físicas, señaló haber recibido
agresiones sexuales por parte de la policía o autoridad que la detuvo; y 4.8%
fue víctima de violación sexual durante su detención. 27.8% de la población
privada de la libertad está en proceso de recibir sentencia. De esta población,
39.2% lleva dos años o más al interior de un centro penitenciario, mientras que
24.8% ha estado recluida entre uno y dos años.
De la población privada de la
libertad que ha recibido sentencia, 29.8 % fue condenada por homicidio y 12.2%
por secuestro. Por otro lado, la población sentenciada por robo se ubicó en
32.7 por ciento. De esta población, 87.7% sufrió el robo de objetos personales
y 4.6% fue víctima de hostigamiento sexual. En términos generales, el
porcentaje de población que fue víctima de actos de corrupción en al menos una
de las etapas del proceso penal desde su detención hasta la realización de su
juicio y vida intracarcelaria fue de 36.2 por ciento.
Esta es una cruda realidad que el
sistema o Poder Judicial, debe de superar.
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