lunes, 22 de noviembre de 2021

La burocracia dorada: entre el deber y el dinero

 



 

Pedro Vargas Avalos

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) es una organización sumamente importante, lo cual nadie pone en tela de duda. Pero sus integrantes no suelen estar a la altura de miras de la institución, y por ello generan constantes discusiones.



El origen de esos problemas, los encontramos en el procedimiento de nombramiento de los consejeros de esa entidad: el sistema de cuotas coronado por el de agandalle, hizo trizas la imparcialidad que debe imperar en toda actuación del órgano plebiscitario.


Cuando se nombró a la mayoría de los altos funcionarios del INE, los partidos políticos que controlaban el Congreso federal, se despacharon con la cuchara grande y designaron como consejeros a quien se les antojó, repartiéndose alegremente las plazas (PRI, PAN y PRD) menospreciando a las demás formaciones partidistas.


Acostumbradas las entonces dominantes cúpulas políticas, como estaban de arreglar todo “en lo oscurito”, nunca se imaginaron que la ciudadanía iría a imponer su voluntad y a base de sufragios, escoger una vía distinta -a la que ellas significaban- para la nación. Esta senda, fue la que abandera Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), apoyado por varios partidos de menores dimensiones. En los comicios de 2018, los mexicanos despertaron y dieron un golpe de autoridad, de tal magnitud, que imposibilitó se pudiese alterar su resultado. Sin embargo, los encargados de regular la contienda comicial, continuaron en sus funciones, presumiendo que gracias a ellos fue la jornada histórica de julio de aquel recordado año.




Ya en ejercicio el nuevo gobierno, instauró un sistema de rígida austeridad y de combate sin cuartel a la corrupción. Esto implicó profundos cambios en la conducta de los servidores públicos, especialmente los de más elevado rango, quienes, dependientes del gobierno general se ajustaron a ese lineamiento sobrio; en cambio, los directivos de varios organismos autónomos se inconformaron: vivir en la justa medianía, como recomendaba Juárez a sus colaboradores, no era aceptable para la cúpula dorada de la burocracia enquistada en esas unidades independientes. Por ello recurrieron al amparo, a la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).


Las normas legales que incomodan a los amparistas son esencialmente el artículo 127 constitucional reformado (que ordena ningún servidor público gane más que el primer mandatario) y la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP); empero tampoco les gusta el ordenamiento de Austeridad Republicana (LFAR) en vigor desde noviembre 20 de 2019, aniversario de la Revolución maderista de 1910.


Abiertos los procedimientos solicitados por los burócratas contrariados, el máximo tribunal mexicano les otorgó una suspensión provisional, para que los funcionarios de esos organismos (INE, CNDH, INAI, CREE, COFECE, IFT, etc.) siguieran cobrando más que el presidente, AMLO, quien había puesto el ejemplo desde el arranque de su período, disminuyéndose su sueldo. La resolución final está pendiente y se espera con ansiedad.




Cada uno de esos organismos disconformes, se puede decir que son millonarios, a contrapelo de la inmensa mayoría de ciudadanos, cuyos ingresos son parcos o a lo sumo intermedios. De allí la frase recurrente de “INE rico, pueblo pobre”, tomando como símbolo de los institutos autónomos al electoral.


Así las cosas, esta institución tan contestataria de la Cuatro T, solicitó a la Cámara de diputados federal, además de su planilla de egresos que dijo era de $13,084.17 millones de pesos, un presupuesto precautorio de $5,743.57 millones, para cubrir un proceso de revocación de mandato (ya aprobado por el Congreso) y una posible consulta popular. A esa enorme cifra se le debe agregar lo que se otorga a los partidos políticos, arrojando un gran total de $24, 649 millones de pesos. Esto prueba que la democracia mexicana es la más cara del mundo.


Deliberado ese proyecto en la Cámara baja, que tiene como facultad constitucional exclusiva, aprobar el presupuesto de egresos de la federación (PEF), se consideró excesivo y se rebajaron del gran total propuesto por el INE, una suma mayor a los $4,900 millones, aprobándose la gran cantidad de 19,736 millones 593 mil 972 pesos, es decir, un monto mayor al ejercido en este año 2021 (19,593 millones), cuando hubo la elección más grande de nuestra historia, además de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.





A pesar de lo antedicho, las oposiciones al régimen se pusieron furiosas por el recorte, (y otros reveses presupuestarios) llegando los panistas -que son los más furibundos- a emitir la sentencia revanchista de que por ello la reforma eléctrica actualmente en proceso, ya estaba muerta.


La avalancha de críticas por esa rebaja al INE, las encabezan comentócratas exorgánicos, consejeros electorales (como Jaime Rivera y desde luego, el inefable Ciro Murayama, junto a su centavero caudillo Lorenzo Córdova) y los ya clásicos impugnadores del lopezobradorismo, encabezados por el fatídico Claudio X.  González, el empresario que asegura no serlo, pero que recibió jugosisimos ingresos de las archimillonarias donaciones que los macroempresarios le otorgan (claro, todas deducibles de impuestos… ¡faltaba más!).


Para el auto nombrado “izquierdista” Lencho Córdova, presidente del INE, su corporación se defenderá jurídicamente, porque el mentado recorte pone en entredicho no solo la revocación de mandato, sino que hace imposible “seguir ampliando los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos”.(El Financiero, 14-nov.2021).


El deber y el dinero deberían corresponderse proporcionalmente, y los servidores públicos tienen la obligación de poner el ejemplo, desempeñando sus cargos con honradez, sobriedad y espíritu republicano. La frase de que “no debe haber gobierno opulento en un pueblo pobre”, es muy cierta, así como que los funcionarios deben cumplir sus compromisos sin estar sujetos a recibir enormes emolumentos. Y mucho menos si la ley suprema de la nación lo prohíbe.


En un reciente evento al que asistió el Lic. Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, afirmó que la Corte ha trabajado y logrado notables avances en su programa de mejorar la impartición de la justicia, modernizar al poder judicial de la federación y abatir la corrupción, remarcando que, eso se ha logrado no obstante que han recibido anualmente menos de seis mil millones de pesos, en relación a su antecesor.


Esa información es aleccionadora para la administración pública, y en cuanto a los responsables de ella, les dijo el ministro Zaldívar: “la falta de presupuesto, no puede ser excusa para no cumplir con sus obligaciones” (Animal Político. Com, 17-nov.021).


Y como se expresó el jefe del gobierno federal, hablando de los directivos del INE, que vale para los demás organismos autónomos: “Que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos (los dirigentes ganan el doble de lo que recibe el presidente)...que le bajen a los viáticos, a las comidas” (del erario cada Consejero -excepto tres-  gasta anualmente alrededor de 135 mil pesos) y remata el primer mandatario: “el presupuesto, de 19 mil millones, ¿Cómo no les va a alcanzar?”.


Y eso mismo dicen cuando menos, el 70% de los mexicanos, de los que a diario trabajan duro para sustentar a sus familias, y, aunque no lo aprueben, para mantener la burocracia dorada que amenaza no cumplir con su deber, si no se le da el dinero que exige. Son como decía el célebre Voltaire: Los que creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero.

 

 


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