Rafael
Martínez Rodríguez
En
medio del curso que lleva la pandemia en nuestro país y, en particular nuestro
estado de Jalisco, hemos visto como es discrepante las acciones coordinadas
entre el ejecutivo Federal y el ejecutivo Estatal, siendo palpables las
divergencias de las medidas adoptadas por cada representante de los poderes
mencionados, pues el Gobernador de Jalisco inició a mediados de marzo a
implementar ciertas medidas de restricción de apertura de negocios y el
Presidente de la República en esas fechas, manifestaba que todo mundo podía
abrazarse y salir a la calle.
Con el paso de los días ambos
mandatarios cambiaban de discursos, pero continuaban con líneas de mando
diferentes, lo que comenzó a develar una seria discordia entre ambos jerarcas,
que devengó en la molestia de los ciudadanos por las medidas aplicadas en los comercios,
puesto que por parte del gobierno estatal se optó por cerrar los comercios de
giros no esenciales, lo que conllevó a generar una serie de molestias que se
trasmutaron a un serio problema económico, que desembocó en desempleo e
incertidumbre financiera.
Derivado de las acciones
realizadas por el gobernador del estado, comenzó a traducirse las molestias en
problemas económicos que conllevaron a manifestarse a través de protestas en
Casa Jalisco, lugar de residencia del gobernador, a donde arribaron personas de
distintos sectores como lo son restauranteros, hoteleros, ferreteros, personas
dedicadas al comercio informal etc., los cuales son los principales afectados
por las medidas tomadas por el Gobernador al decidir cerrar los sectores denominados
no esenciales.
Enrique Alfaro, al verse
presionado por los sectores mencionados, se vio obligado a tomar un rumbo
diferente, adoptar medidas económicas inmediatas para evitar un mayor colapso
en la economía del estado, puesto que la falta de empleo y la incertidumbre
financiera se están transformando en inseguridad, un aumento en la violencia en
ciertas zonas.
Esas medidas drásticas para
enmendar la economía estatal tiene nombre y se llama DEUDA PÚBLICA, la cual fue
aprobada por la mayoría de diputados del congreso del estado, y fue que el 22
de mayo se adquiere una deuda de $12 mil 736 millones de pesos, los cuales se
terminarán de pagar en el año de 2040, con lo que se actualiza la deuda de
Jalisco y queda en $33 mil 696 millones de pesos.
Lo realmente importante en
este tema es reflexionar sobre nuestros gobernantes, puesto que el gobierno
Federal no tiene un control político en las entidades del país, mucho menos
liderazgo al momento de ejercer acciones en temas tan importantes como el
sector salud, evidentemente en nuestro estado tenemos un gobernador
determinante y obstinado a la vez, que por la discordia con el gobierno federal
ha llevado al estado a un momento de colapso económico, lo sometió a una deuda
que no queda claro en dónde se destinará, pero sin duda alguna todos creemos
que es un especie de Fobaproa Jalisciense, pues al parecer será para beneficiar
a empresas ligadas al gobierno y a sectores que incluso no fueron afectados por
la pandemia, sin oscilación quedarán desprotegidos los comerciantes de a pie,
los que día a día salen a las calles a ganarse el sustento diario, a los más
vulnerables de nuestra sociedad, aquellos que su fuente de ingresos se
encuentran ligados al comercio informal.
Y como lo manifestara
Montesquieu “no hay pero tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la Justicia”.
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