Un fracaso el sistema penitenciario

  

Juan José Ríos Ríos
El Volcán/Guzmán

 

 

La fuga de reos del penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, y tras los operativos de revisión llevados a cabo por las autoridades estatales, es un ejemplo de que el sistema penitenciario en México, sobre todo en muchos estados, se puede considerar como un fracaso, pues tras esas inspecciones fueron decomisadas desde armas, drogas, un toro mecánico y fue ubicada una puerta clandestina hacia el exterior del penal, a través de la cual ingresaban personas o mercancías.

            De lo que se ha hecho público al respecto, se informó que, de acuerdo con policías investigadores, en el 2016 fue del conocimiento del entonces Fiscal General del Estado, César Peniche, y Jorge Nava, fiscal de Distrito Zona Norte, la existencia de la puerta o túnel clandestino, y quienes presuntamente no realizaron las actuaciones correspondientes, omisión que, por los resultados, no fue sancionada a corregida y que indujo al desorden interno en el penal y posterior fuga de reos.

            Así, por complicidad u omisión, a lo que hay que agregar los problemas graves de hacinamiento, sobrepoblación y autogobierno, propicia además que las personas que están privadas de su libertad padezcan situaciones de tortura por los que autogobiernan o cogobiernan en los centros penitenciarios de la mayoría de los estados del país, pues son en las cárceles a cargo de los gobiernos estatales donde mayores problemas de este tipo se padecen.

            Investigando sobre la situación carcelaria del país, nos encontramos que existen estudios e investigaciones al respecto realizadas por entes públicos y privados, pero que datan de muchos años atrás, el más reciente fue dado a conocer el doce de abril del 2016, tras de que el entonces titular de la Comisión de los Derechos Humanos, licenciado Luis Raúl González Pérez, hizo la presentación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciario en el 2015, y presentado en la fecha anterior.

            En el documento se estableció la situación que guarda el sistema penitenciario del país, que distaba de ser acorde a lo previsto por el artículo 18 Constitucional, no obstante las acciones y recursos que se han destinado por parte de los distintos órdenes de gobierno, hechos permitieron concluir que el sistema penitenciario no estaba plenamente organizado y que operara sobre la base de respeto a los derechos humanos, en donde el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte fueran los medios que logren la reinserción social de los internos, evitando que reincidan.

            “El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) que hoy se hace público, es producto de la información que se recabó y analizó por este Organismo Nacional en el año 2015, no presenta avances sustantivos respecto de la condición que se detectó en el diagnóstico correspondiente a 2014, en cuanto a las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, así como las causas e incidentes que suceden al interior de los centros penitenciarios del país”, dijo en ese entonces el funcionario.

            Agregó González Pérez que de los cinco diagnósticos que desde 2011 a la fecha del informe dado y que ha integrado la CNDH, detectaron la existencia de una problemática compleja que va desde no la garantía de la integridad física y psicológica del interno, su estancia digna, condiciones de no gobernabilidad, la no reinserción social del interno y la atención que se brinda a los grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres, personas con discapacidad física y psicosocial, indígenas, personas pertenecientes a la diversidad sexual, con VIH/SIDA e internos con adicciones) no alcanzan, en lo general, los estándares deseables, pues no se aplican las reformas que aprobaron a partir de 2008 en el Sistema Adversario y el modelo de la reinserción social, y el mejor y más reciente ejemplo de ello es; la fuga de reos del penal de Ciudad Juárez, Chihuahua. Así las cosas.