Omar Carreón Abud
Ahora es más difícil para los países del llamado
Occidente colectivo, encabezados por Estados Unidos (EE. UU.),
obtener, no se diga, las ganancias que obtuvieron después de la
Segunda Guerra Mundial, sino simple y sencillamente, las ganancias.
El mundo ya está repartido en territorios, recursos naturales y
compradores y, ahora, desde hace unos veinte años, han aparecido en
el mercado competidores formidables que producen y venden bueno,
bonito y barato y, entre otros, no sólo les quita el sueño, sino
hasta el aire que respiran, el precio chino. Todo esto, además de
que la producción capitalista está sufriendo lo que sesudos
investigadores no dejaban de llamar “una hipótesis de Marx”, es
decir, la reducción constante de la tasa media de ganancia, que ha
pasado la prueba del budín y, en la rigurosa práctica, se ha
comprobado que era absolutamente cierta, un cáncer metastásico
imposible de ignorar.
No lo han declarado ni reconocido
abiertamente como tal, la grandeza de Carlos Marx no lo necesita en
lo más mínimo, pero se han apurado a tomar medidas drásticas que
han asombrado al mundo y que muchos no dejan de considerar desatinos
o balazos en el pie. A estas alturas nadie puede asegurar que vayan a
ser efectivas ni hasta dónde van a llegar, pero estoy seguro de que
están bien pensadas, lo mejor pensadas y ejecutadas que puede
alguien que está en dificultades, son una especie de terapia
intensiva del capitalismo en su etapa descendente. Mencionaré
primero algunas de las medidas que, como cabeza del Occidente
colectivo, está tomando EE. UU., que sorprendentemente, incluso,
atropellan y complican la situación de quienes han sido sus aliados.
Luego, algunas de las que se están instrumentando en nuestro
país.
EE. UU. ha pasado en un corto tiempo de ser ya no sólo
un adalid, sino el que imponía por la fuerza el neoliberalismo, o
sea, la libre circulación de las mercancías y los capitales por el
mundo, sin aranceles ni trabas. Desde finales de los años setenta
del siglo pasado, ése fue su grito de batalla. No obstante, a unos
25 o 30 años de neoliberalismo, la medicina comenzó a mostrar
alarmantes efectos secundarios. Buscando la máxima ganancia, los
capitales de la metrópoli emigraron a sitios en los que la clase
obrera cobraba salarios de hambre en el entendido de que la libre
circulación de las mercancías obligada por el neoliberalismo les
permitiría entrar a la metrópoli y a otros países de alto consumo
con sus productos terminados para ser vendidos y hacer realidad su
plusvalía. Pero, ¡oh, sorpresa!, los capitales que no tienen patria
emigraron en masa y EE. UU. se desindustrializó; de gran vendedor
del mundo, pasó a tener una balanza comercial deficitaria con más
cien países y en esa condición no se puede seguir dominando al
mundo.
Así se explica buena parte de la decisión de aplicar
aranceles a las mercancías que entran a EE. UU. Encareciendo su
precio, se busca disminuir la ganancia de los capitales que se fueron
y obligarlos a regresar (o alentar en casa nuevas inversiones) y
reindustrializar a EE. UU. Ésta es la medicina, aunque no se sepa si
dará los resultados esperados ni en cuánto tiempo se apreciarán.
Según el sapo, es la pedrada, así se comprenden las diferentes
tasas y los diferentes productos afectados. Veo en el caso de México
las tasas y los productos no negociables que ya entraron en vigor y
no están sujetos a plazos ni a nuevas conversaciones, tal es el caso
del acero y el aluminio. Otras mercancías están sujetas a
negociación, según los apremios económicos y, no descartar, los
políticos.
También ha llamado poderosamente la atención la
expulsión de inmigrantes ilegales de EE. UU., sobre todo, mexicanos.
Este nuevo fenómeno, precisamente por su cantidad y por su
agresividad, se explica también por la situación económica por la
que atraviesa EE. UU. Siempre se ha estado “administrando” la
entrada y contratación de mano de obra ilegal. Ahora, con eso de la
desindustrialización y la presencia de poderosos competidores en el
mundo, ha bajado la demanda interna de fuerza de trabajo y existe una
enorme cantidad sobrante. Las expulsiones son una realidad y van a
continuar.
Ha ocupado los titulares de los medios de
comunicación, también, la reducción del Estado que se lleva a cabo
en EE. UU. Un Estado barato ha sido siempre un reclamo de la clase
dominante, que no quiere desembolsar en exceso para pagar a sus
funcionarios y, para asimilar mejor el agravamiento de los últimos
años, conviene saber que EE. UU., en 1980, tenía una deuda pública
de apenas el 30 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) y ahora
su deuda ya alcanza el 130 por ciento del PIB. Impagable, se atreven
a llamarla. La reducción de los gastos para mantener un gigantesco
aparato estatal es, pues, una necesidad urgente y de elemental
sobrevivencia.
El combate al tráfico de estupefacientes. ¿Es
sólo demagogia? No. EE. UU. sí ha llegado a tener un problema grave
de drogadicción en su población y, sobre todo, en su población en
edad de trabajar. Las inversiones que logre hacer regresar al país y
las nuevas que promueva y que requerirán de fuerza de trabajo sana,
fuerte, disciplinada y obediente, ¿la encontrarán disponible para
levantar y acondicionar la infraestructura necesaria?, ¿la hallarán
dispuesta y a las puertas de la fábrica el día que inicien
actividades? Lo más seguro es que no; por lo menos, no en la
cantidad que se necesitará. EE. UU. puede y debe combatir el tráfico
de estupefacientes en su territorio, no hay duda, allá hay
importantes cadenas de suministro, pero también se ha decidido a
llevarlo a cabo en nuestro país, no sólo no son excluyentes, se
complementan.
Ahora bien, el combate al narcotráfico que
inocultablemente impulsa EE. UU. en nuestro país, funciona asimismo
como un mecanismo de presión económica y política. Las denuncias
públicas que se han filtrado y las que se han dado a conocer
abiertamente, ponen de manifiesto que en el vecino del norte están
perfectamente informados de que en el negocio del narcotráfico en
nuestro país están involucrados importantes personajes del grupo en
el gobierno. Eso explica las evidentes presiones directas y a través
de los medios de comunicación para que se les castigue. Hay amenazas
para cumplirse y hay otras que sólo son chantajes, ambas son de gran
utilidad para que el imperialismo cuente en México con una clase
gobernante más sumisa y obsequiosa.
Comentario aparte merece
la más trascendente de las amenazas. “Donald Trump, presidente de
EE. UU., ha ordenado al Pentágono atacar a los cárteles de la droga
que su administración ha considerado organizaciones terroristas,
reportó el medio The New York Times. De acuerdo con las fuentes del
medio, una orden firmada en secreto por Trump “proporciona una base
oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares
directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles” (El
Universal, ocho de agosto).
No hay forma de disminuir la
peligrosidad de la amenaza aunque la señora Presidenta diga lo
contrario. “Un informe del cinco de febrero de 2002 producido por
el Servicio de Investigaciones del Congreso, dependiente de la
Biblioteca del Congreso de EE. UU., compiló los ‘centenares’ de
casos en los cuales EE. UU. utilizó sus fuerzas armadas en el
exterior en situaciones de conflicto militar (o de potencial
conflicto) a los efectos de proteger a ciudadanos de EE. UU. o
promover los intereses de EE. UU. La lista, que actualizada fluctúa
en torno a los 315 casos, no incluye acciones encubiertas o numerosos
casos en los cuales las fuerzas de ese país se estacionaron en el
exterior desde la Segunda Guerra Mundial como parte de fuerzas de
ocupación u otras operaciones similares” (Rebelión, Atilio A.
Boron, dos de marzo de 2022). ¿Serán en esta ocasión
indispensables mayores comentarios?
Las nuevas circunstancias
para las ganancias del capital en el mundo exigen una clase obrera
aún más sujeta y controlada. En nuestro país, el partido Morena y
sus aliados en el gobierno practican ya algunas medidas para tal
efecto y cocinan otras más. Todas esas medidas, pese a las continuas
declaraciones de partido con profunda raigambre popular, son acciones
para reducir aún más lo que todavía se hace pasar como democracia
y como libertades ciudadanas. Ataque directo ha sido, por ejemplo, la
cancelación casi total de la realización de obras y servicios en
favor de la comunidad, pero, sobre todo, su eliminación como
servicio colectivo; el cuidado de la salud como derecho ciudadano
está ya casi desaparecido; la educación, si nos atenemos a sus
resultados y a la drástica caída del gasto público en ella, está
en bancarrota. Se está barriendo, pues, con lo que quedaba del
Estado benefactor que surgió después de la Gran Depresión.
Los
derechos sociales reales están cediendo sitio a la ilusión de los
derechos individuales. El régimen de la “Cuarta Transformación”
se sostiene en “ayudas” a las que hay que inscribirse
personalmente y aceptar escuchar el rollo de funcionarios públicos
como parte indispensable del ejercicio del “derecho”. Las “ayudas
para el bienestar” fomentan el individualismo y la pasividad y
combaten la lucha social, crean una situación artificial en la que
se aparenta que cada persona sólo tiene que preocuparse de lo suyo.
El que porta una tarjeta no es reconocido como un obrero jubilado que
ejerce un derecho, sólo recibe una dádiva (que es riqueza producida
por la propia clase obrera) derivada aparentemente de la generosidad
del gobernante, inescrupuloso sujeto que, trepado en una costosa
propaganda, se hace pasar como excepcional, “no somos iguales”,
lo cual empuja al
portador de la tarjeta a aceptar que la sustitución del gobernante o
del partido gobernante implicará la pérdida del beneficio.
Extorsión monda y lironda. Su amplísimo uso para presionar a los
electores ya no requiere discusión.
A este ya comprobado
mecanismo de sometimiento de la voluntad y la resistencia popular
debe agregarse la reforma judicial que impuso la elección por voto
popular abierta y escandalosamente amañada, de ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de jueces y magistrados. La
tramposa elección del nuevo poder judicial encumbró a
incondicionales. Escondida con una retórica demagogia que asegura
que ahora el pueblo elige a sus jueces, se está destruyendo una de
las más importantes conquistas de la burguesía cuando tomó el
poder, la división de poderes, forma de gobierno que ya defendió
visionariamente José María Morelos y Pavón en la Constitución de
Apatzingán. La “Cuarta Transformación”, en guerra abierta
contra la Primera.
La reforma electoral que ya está a la
vuelta de la esquina y cuya piedra angular, independientemente de sus
modalidades y pretextos, es el drástico encogimiento de los miembros
de los órganos de gobierno nacionales, estatales y municipales, es
parte fundamental de la concentración del poder. No es que yo piense
que será el pueblo el que vea disminuida un poco su participación
en el gobierno, es que si ya casi no era tomado en cuenta, ahora, con
muchas menos oportunidades, quedará fuera completa y
definitivamente. Menos representantes, control más sencillo y… más
barato. En este mismo sentido, hay que entender el desmantelamiento
de los organismos constitucionales autónomos (el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica, el
Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de
Energía) que ha contribuido igualmente a consolidar la
centralización del poder. Nadie que pueda ver y oír y atestiguar.
Ése es el objetivo.
Y si alguien se atreve a hacer públicos
los hechos de la élite intocable, está en marcha un importante
complemento, una censura severa. Sólo para ilustrar: Campeche, con
la imposición del tribunal electoral de una orden judicial al
periodista Jorge Luis González Valdez, prohibiéndole referirse a la
gobernadora Layda Sansores; Puebla, con la reciente reforma al Código
Penal de la entidad que amplía el delito de “ciberacoso”, así
como la introducción del nuevo supuesto de “violencia digital”,
que castiga con prisión lo que provoca que su redacción ambigua
pueda utilizarse para perseguir a periodistas, activistas o usuarios
de redes sociales que critiquen a funcionarios públicos. En la
Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral exigió al medio
La Silla Rota que entregue documentos, videos y fuentes vinculadas
con una investigación sobre presunta entrega de “acordeones” en
la elección judicial y de no ser así, amenaza con una multa de
hasta 11 millones de pesos; en Tamaulipas, el Tribunal Electoral
ordenó al periodista Héctor de Mauleón y a El Universal retirar
una columna de opinión, con base en una demanda promovida por una
candidata local y, hasta ahora y que se sepa, en Cuautla, Morelos, el
periodista Paco Cedeño recientemente fue denunciado por presunta
violencia política de género por la regidora municipal, Anita
Sánchez Guerra, después de una transmisión en vivo donde la mujer
lo señaló por “malinformar”.
No es todo. El régimen de
la “Cuarta Transformación” trabaja más para la opresión. “Esta
semana, el Gobierno mexicano discute un paquete de más de 20 leyes
durante el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso. Las
reformas clave incluyen la recién aprobada ley de la Guardia
Nacional y la ley de investigación e inteligencia, con las cuales el
Ejército tendrá acceso a las bases de datos personales y los
biométricos de la población sin necesidad de una orden judicial.
Especialistas en ciberseguridad y derechos digitales han advertido
que, en conjunto, estas leyes podrían consolidar una infraestructura
de vigilancia masiva sin precedentes en México”, (Diario El País.
Nota de Elisa Villa Román del 28 de junio de 2025).
Una
dictadura. ¿Serán los beneficiarios quienes actualmente concentran
el poder del Estado y diligentemente llevan a cabo esas reformas
antipopulares? Ellos están convencidos de que sí, que trabajan para
perpetuarse en el poder de la nación. Cabe dudarlo. Por lo pronto,
debe tomarse en cuenta el arrasador tsunami de propaganda que se está
descargando sobre el grupo gobernante para quebrar su resistencia.
¿Lo debilitará hasta su derrota en el 2027 y, más, hasta la
pérdida de la presidencia en 2030? No puede asegurarse. Pero si
aceptamos que los integrantes del Estado son sólo subordinados,
fusibles, como son, en efecto, es perfectamente posible que los que
realmente mandan, estén pensando en una sustitución y los de la
“Cuarta Transformación” estarían sólo sentando las condiciones
para que otros gobiernen y dominen.
¿Qué hacer? ¿Resignarse
a esperar a que lleguen los policías lanzallamas de Farenheit 451,
la aterradora novela de Ray Bradbury, en la que comandos
gubernamentales se dedican a localizar bibliotecas o simples lotes de
libros para apresurarse a quemarlos? ¿Convertirnos y convertir a
nuestros hijos y nietos en autómatas que sólo vayan a la fábrica a
producir fabulosas ganancias para hartar ambiciones ajenas y tomen
sólo el descanso indispensable para regresar a lo mismo al día
siguiente hasta que se termine su vida productiva? No.
Definitivamente, no. Los pobres de la tierra tienen derecho a
defenderse, tienen derecho a disponer de todas las conquistas del
arte y de la ciencia, tienen absoluto derecho a una vida
verdaderamente humana. Para ello deben conocer y entender la gravedad
de la situación actual y organizarse y luchar. No existe otro
camino.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario