Víctor Hugo Prado
Sale
a colación el tema de la corrupción porque ayer, nada menos que
Ismael “el Mayo” Zambada García, cofundador del cártel de
Sinaloa junto con Joaquín “el Chapo” Guzmán, reconoció en un
tribunal de Estados Unidos su responsabilidad en el tráfico de
cocaína, heroína y otras drogas ilegales hacia ese país. En su
declaración de culpabilidad aceptó que ejerció el poder a través
de asesinatos en masa y, sobre todo, mediante la corrupción de
autoridades mexicanas. “La organización que dirigí promovió la
corrupción en mi país pagando a policías, comandantes militares y
políticos que nos permitieron operar con libertad”, dijo. Sus
palabras exhiben ante el mundo la fragilidad del Estado Mexicano, que
ha fallado bajo gobiernos panistas, priistas y morenistas.
La
ironía es que no fue México quien lo llevó ante la justicia, sino
Estados Unidos. Allá se integró el expediente, se le procesó,
entregó miles de millones de dólares —que México jamás verá—
y hasta ofreció disculpas a la sociedad norteamericana. El contraste
es doloroso: mientras tanto, en México la impunidad sigue siendo la
regla.
Resulta imposible entender la operación de los cárteles
sin el andamiaje de la corrupción. Para dimensionarlo, basta
recordar el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024,
presentado a inicios de año por Transparencia Internacional y
Transparencia Mexicana. Este instrumento mide, a partir de la opinión
de especialistas, analistas financieros, académicos y empresarios,
los niveles de corrupción en 180 países.
Los resultados son
contundentes: México obtuvo apenas 26 puntos de 100 posibles, lo que
lo ubicó en el lugar 140 de 180 países evaluados. En contraste,
Dinamarca (90/100), Finlandia (88/100) y Singapur (84/100) encabezan
la lista. Del otro extremo, Venezuela (10/100), Somalia (9/100) y
Sudán del Sur (8/100) aparecen como los peores casos.
El
panorama es aún más preocupante si se compara con países de la
región y de la OCDE. Entre las 38 economías de este organismo,
México ocupa el último sitio. En América Latina está por debajo
de Brasil (34/100) y muy lejos de Chile (63/100), sus principales
competidores económicos.
Lo dicho por el Mayo en un tribunal
estadounidense, sumado a los resultados del IPC 2024, debería
obligar al Estado mexicano a combatir con mayor firmeza la
corrupción. No se trata de percepciones aisladas: de acuerdo con el
INEGI, en 2023 el 83% de la población consideró que la corrupción
en México es un problema “frecuente o muy frecuente”.
El
reto es ineludible: sin atacar la corrupción de raíz, el país
seguirá atrapado en la espiral de violencia e impunidad que hoy lo
exhibe ante el mundo.
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