miércoles, 23 de noviembre de 2022

Al INE, sólo consejeros capacitados

 



 

 

Juan José Ríos Ríos

 

 

En materia electoral, el grupo parlamentario de MORENA tiene 30 iniciativas de reformas legales, como el prohibir que al dejar el cargo los consejeros puedan contender durante 10 años por puestos públicos, en tres años trabajar en otros órganos electorales, y quitar a la autoridad electoral la facultad de sancionar a legisladores que promuevan campañas, según publicación hecha en el Diario El Universal.



            Expone que mediante la modificación a seis leyes, se pretende recortar direcciones ejecutivas del Instituto Nacional Electoral (INE); sustituir la figura de resto mayor por la de primera minoría para la asignación de las diputaciones plurinominales, reducir el porcentaje de participación para que las consultas ciudadanas sean vinculantes, y obligar a la instalación del mismo número de casillas que el instalado en un proceso ordinario.


            Previa a la dictaminación de la reforma electoral, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Reforma Política-Electoral ya cuentan con un compendio de 108 iniciativas. De ese total, 51 propuestas son de reformas constitucionales que han sido presentadas por todos los grupos parlamentarios, mientras que 57 son iniciativas para modificaciones a leyes secundarias.


            Se prevé que para el miércoles 23 de noviembre comenzará a circular el dictamen de reforma constitucional en materia electoral que contendrá las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador para acotar la autonomía del INE. Debido de la posibilidad de que sea rechazada en el pleno, Morena trabaja en su plan B, del que ya se plantearon 30 propuestas.





            De este modo, los diversos planteamientos de la bancada guinda buscan reformar seis leyes; las generales de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) y de Partidos Políticos (LGPP), así como las leyes federales de Consulta Popular (LFCP) y de Revocación de Mandato (LFRM).


            Entre las iniciativas con que prevé nutrir el plan B, se encuentra una propuesta que obliga a acreditar conocimientos en materia electoral para ocupar una consejería del INE. “Los consejeros electorales deberán demostrar de manera documental, y a través de exámenes, que cuentan con conocimientos electorales para el desempeño de sus funciones”.


            También se plantea la sustitución de la figura de resto mayor por la de primera minoría para la asignación de las diputaciones plurinominales restantes. Lo anterior permitiría elegir como diputados plurinominales a las dos primeras minorías de cada circunscripción, “cuando aún hubiese curules, después de realizada la distribución entre los grupos parlamentarios”.


            Otra de las propuestas busca quitar al INE la facultad de sancionar a legisladores que promuevan campañas electorales. “Durante los tiempos de campañas electorales federales y locales, las opiniones públicas que manifiesten los diputados y senadores en el desempeño de sus cargos no serán consideradas propaganda”.

            Entre los planteamientos con los que se está conformando el plan B de Morena, también destaca una propuesta para reducir la estructura orgánica del INE, que permitiría recortar direcciones ejecutivas y unidades técnicas del órgano electoral que hayan sido creadas por ley.





            Actualmente, el INE cuenta con 16 direcciones ejecutivas y unidades técnicas, entre las que destacan la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, así como la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Unidad Técnica de Fiscalización y la Coordinación de Asuntos Internacionales, entre otras.


            En esta propuesta, aún se analizan cuáles de ellas fueron creadas por ley, que serían las susceptibles de desaparecer.


            El quitar al INE la facultad de sancionar a legisladores que promuevan campañas electorales, en tiempos de elecciones federales y locales, y que las opiniones públicas que manifiesten los diputados y senadores en el desempeño de sus cargos no sean consideradas propaganda, suena hasta ridículo, sobre todo cuando se conoce que los mismos funcionarios de la citada institución pública, no solo acotan candidaturas por supuestas violaciones a la ley, sino que también se alían con dirigentes de partidos, coordinadores de senadores o diputados, amén con los poderes fácticos que hay en el país, para eso y más.

 

                


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