Juan
José Ríos Ríos
En
materia electoral, el grupo parlamentario de MORENA tiene 30 iniciativas de
reformas legales, como el prohibir que al dejar el cargo los consejeros puedan
contender durante 10 años por puestos públicos, en tres años trabajar en otros
órganos electorales, y quitar a la autoridad electoral la facultad de sancionar
a legisladores que promuevan campañas, según publicación hecha en el Diario El
Universal.
Expone que mediante la modificación
a seis leyes, se pretende recortar direcciones ejecutivas del Instituto
Nacional Electoral (INE); sustituir la figura de resto mayor por la de primera
minoría para la asignación de las diputaciones plurinominales, reducir el
porcentaje de participación para que las consultas ciudadanas sean vinculantes,
y obligar a la instalación del mismo número de casillas que el instalado en un
proceso ordinario.
Previa a la dictaminación de la
reforma electoral, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales,
Gobernación y de Reforma Política-Electoral ya cuentan con un compendio de 108
iniciativas. De ese total, 51 propuestas son de reformas constitucionales que
han sido presentadas por todos los grupos parlamentarios, mientras que 57 son
iniciativas para modificaciones a leyes secundarias.
Se prevé que para el miércoles 23 de
noviembre comenzará a circular el dictamen de reforma constitucional en materia
electoral que contendrá las propuestas del presidente Andrés Manuel López
Obrador para acotar la autonomía del INE. Debido de la posibilidad de que sea
rechazada en el pleno, Morena trabaja en su plan B, del que ya se plantearon 30
propuestas.
De este modo, los diversos
planteamientos de la bancada guinda buscan reformar seis leyes; las generales
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), en Materia de Delitos Electorales
(LGMDE) y de Partidos Políticos (LGPP), así como las leyes federales de
Consulta Popular (LFCP) y de Revocación de Mandato (LFRM).
Entre las iniciativas con que prevé
nutrir el plan B, se encuentra una propuesta que obliga a acreditar
conocimientos en materia electoral para ocupar una consejería del INE. “Los
consejeros electorales deberán demostrar de manera documental, y a través de
exámenes, que cuentan con conocimientos electorales para el desempeño de sus
funciones”.
También se plantea la sustitución de
la figura de resto mayor por la de primera minoría para la asignación de las
diputaciones plurinominales restantes. Lo anterior permitiría elegir como
diputados plurinominales a las dos primeras minorías de cada circunscripción,
“cuando aún hubiese curules, después de realizada la distribución entre los
grupos parlamentarios”.
Otra de las propuestas busca quitar
al INE la facultad de sancionar a legisladores que promuevan campañas
electorales. “Durante los tiempos de campañas electorales federales y locales,
las opiniones públicas que manifiesten los diputados y senadores en el
desempeño de sus cargos no serán consideradas propaganda”.
Entre los planteamientos con los que
se está conformando el plan B de Morena, también destaca una propuesta para
reducir la estructura orgánica del INE, que permitiría recortar direcciones
ejecutivas y unidades técnicas del órgano electoral que hayan sido creadas por
ley.
Actualmente, el INE cuenta con 16
direcciones ejecutivas y unidades técnicas, entre las que destacan la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica y Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores, así como la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Unidad Técnica de
Fiscalización y la Coordinación de Asuntos Internacionales, entre otras.
En esta propuesta, aún se analizan
cuáles de ellas fueron creadas por ley, que serían las susceptibles de
desaparecer.
El quitar al INE la facultad de
sancionar a legisladores que promuevan campañas electorales, en tiempos de
elecciones federales y locales, y que las opiniones públicas que manifiesten
los diputados y senadores en el desempeño de sus cargos no sean consideradas
propaganda, suena hasta ridículo, sobre todo cuando se conoce que los mismos
funcionarios de la citada institución pública, no solo acotan candidaturas por
supuestas violaciones a la ley, sino que también se alían con dirigentes de
partidos, coordinadores de senadores o diputados, amén con los poderes fácticos
que hay en el país, para eso y más.
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