Una amenaza a la democracia

 

Víctor Hugo Prado

Si pensábamos que ya lo habíamos visto todo en materia de desmantelamiento institucional en México, impulsado por quienes hoy detentan el poder con un Congreso a su servicio, estábamos equivocados. A finales de la semana pasada, la presidenta de la República anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Con ello, se perfila un paso más —enorme y preocupante— hacia el debilitamiento de la democracia en nuestro país.

Esta reforma busca eliminar las diputaciones y senadurías de representación proporcional —conocidas como plurinominales—, reducir el financiamiento público a los partidos políticos y que las elecciones sean organizadas por un Instituto Nacional Electoral (INE) sometido al control gubernamental, es decir, sin autonomía. En otras palabras, se busca que el propio gobierno organice los procesos electorales.

Paradójicamente, muchos políticos encumbrados, incluso dentro de Morena, el PT y el Verde, llegaron al Congreso gracias precisamente a la representación proporcional. Estas figuras, que hoy impulsan su eliminación, fueron beneficiarios directos de este mecanismo. No debe olvidarse que las diputaciones y senadurías plurinominales han sido clave para garantizar representación a las minorías políticas, permitiendo una mayor pluralidad en el Congreso de la Unión. Este sistema fue uno de los pilares del inicio de la apertura democrática en México.

Es cierto que muchos ciudadanos preferirían que todos los legisladores fueran electos por voto directo. Pero en un país donde se ha reconstruido un sistema de partido hegemónico, como en los tiempos del PRI, eliminar los espacios de representación proporcional significa dar un paso hacia el autoritarismo. La pluralidad legislativa no es un lujo: es una garantía contra el totalitarismo.

La reducción del financiamiento público a los partidos tiene el mismo propósito: debilitar a la oposición. Para el partido en el poder, esto no representa un problema, pues en los regímenes autoritarios, el partido y el gobierno son indistinguibles, y sus recursos se confunden.

Finalmente, la intención de quitar autonomía al INE es quizá el golpe más grave. De prosperar, las elecciones en México ya no garantizarían legalidad, certeza, objetividad, transparencia ni imparcialidad.

Una verdadera reforma electoral debe fortalecer la democracia, dar voz a todas las fuerzas políticas y garantizar condiciones de competencia equitativa. No debe eliminar voces opositoras, sino surgir del consenso amplio con organizaciones sociales, empresariales, universidades y expertos. No podemos permitir una reforma parcial y sesgada que sólo beneficie al partido en el poder. Se trata de avanzar, no de retroceder décadas en nuestra frágil y amenazada democracia.