El
Volcán/Congreso
Con
la presencia de organizaciones ciudadanas y colectivos
ambientalistas, se llevó a cabo una rueda de prensa encabezada por
la diputada Itzul Barrera Rodríguez, para presentar una iniciativa
legislativa que busca sustituir el modelo vigente de verificación
vehicular por un esquema más justo, accesible y sustentable.
La
propuesta surge como respuesta al reclamo ciudadano sobre el carácter
recaudatorio y restrictivo del programa actual, y está motivada por
la exigencia de justicia para el activista ambiental Alejandro Gobel,
asesinado tras liderar una iniciativa ciudadana contra este
modelo.
Durante su intervención, la diputada Itzul Barrera
destacó que esta propuesta representa una alternativa ciudadana, que
responde al derecho constitucional de un medio ambiente sano sin
imponer cargas económicas excesivas. “No se trata solo de una
iniciativa legislativa, se trata de una lucha por la justicia
ambiental y social, este modelo no puede seguir siendo un negocio a
costa del pueblo”, expresó.
En su intervención, el diputado
Miguel de la Rosa Figueroa, coordinador del grupo parlamentario de
Morena, señaló que esta iniciativa se construyó desde la exigencia
ciudadana y destacó la resistencia de los colectivos sociales que
durante años han denunciado un modelo basado en negocios opacos,
afirmó que es momento de que el Congreso atienda la voluntad popular
con una propuesta técnica, legal y ética.
Por su parte, el
diputado Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de Hagamos, puntualizó
que “el derecho humano a un ambiente sano no debe convertirse en un
negocio privado” afirmó que el programa actual es ineficiente y
costoso, y reiteró que existen alternativas técnicas viables que no
criminalicen a quienes no pueden pagar.
La diputada Tonantzin
Cárdenas, presidenta del grupo parlamentario de partido Futuro,
reconoció el esfuerzo de los colectivos ciudadanos y reafirmó su
compromiso con una agenda ambiental con justicia social. “Este
modelo afecta a quienes menos tienen, castiga a quienes dependen de
su vehículo para trabajar y no ofrece soluciones reales”,
expresó.
Entre los elementos que sustentan la iniciativa, se
destacan: La eliminación de cobros excesivos y discrecionalidad en
el servicio; la generación de empleo en talleres locales previamente
certificados; la obligación del Estado de mantener auditorías,
bitácoras y mecanismos de control; incentivos para quienes realicen
su afinación de forma anticipada y la posibilidad de revisar la
legalidad y viabilidad del contrato actual con WEP.
Los
colectivos ambientalistas respaldaron la propuesta legislativa y
denunciaron las fallas estructurales del sistema de verificación,
exigiendo un nuevo esquema integral que no priorice el lucro,
recordaron que la iniciativa ciudadana impulsada por Alejandro Gobel,
entregada con más de 6 mil firmas, fue ignorada en la legislatura
anterior, por lo que su relanzamiento representa una reivindicación
al respecto.
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