El calvario de los taxis aeropuertarios

 

Pedro Vargas Avalos

En los tiempos actuales y sobre todo en las grandes ciudades, es sustancial el servicio de coches de alquiler. Estos son denominados por lo general como “taxis” y su sinónimo de “carro o coche de sitio”. El uso común de llamarlos “taxis” es porque originalmente su nombre es el de “taxímetro”, palabra compuesta de las palabras griegas "taxis" (orden o tarifa) y "metron" (medida), es decir, ese es el aparato que mide o debería de medir el precio del servicio de transporte prestado por el coche que maneja el taxista, también conocido como conductor de taxis, es decir, el chofer del vehículo de alquiler.

El vocablo "taxímetro" ya casi no se usa, solo la apócope taxi y en algunos lugares, el término “libre”. Aquel aparato es un dispositivo que calcula la tarifa de un viaje basándose en la distancia recorrida, el tiempo transcurrido y si es nocturno o diurno. Por lo tanto, la palabra "taxi" se refiere al vehículo que utiliza ese dispositivo para determinar el costo del servicio.

La vida moderna exigió que los prestaciones de transporte particular se multiplicaran, y así surgieron las plataformas estilo Uber o Didi. En estas, quien requiere ser trasladado a determinado lugar, llama a la central telefónica de la compañía que prefiere y luego se le informa el precio del traslado pedido, el nombre del conductor y los datos del auto que prestará el servicio. El pago puede realzarse en efectivo o por tarjeta de crédito. Ordinariamente estos automóviles son de modelo reciente, con aire acondicionado y un conductor presentable en lo físico y su indumentaria. En los “libres” eso no suele ser igual, dejando bastante que desear.

Los centros de transporte son puntos donde es prioritario obtener el servicio de transporte particular, o en su caso el de tipo colectivo para las personas que no pueden o no quieren pagar más allá de lo que el transporte público cobra oficialmente. Uno de esos parajes son los aeropuertos.

En nuestro país, todo aeródromo cuenta con carros de sitio y por lo general, no pueden prestar ese servicio las plataformas o taxis que se ubican en las ciudades. En pocas palabras, los que manejan la concesión del servicio aeroportuario de taxis, gozan de un monopolio. Y esta clase de estructuras se caracterizan porque explotan un servicio o producto específico y es controlada por una sola empresa u organización.

En efecto. El artículo 28 de nuestra máxima ley, precisa en su párrafo inicial: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas…” y luego agrega en un parte del segundo párrafo, que “la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento… de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social”. Más claro ni el agua.

Ahora pasemos a reseñar que el servicio desde el aeropuerto (en el caso nuestro, el de Guadalajara) está en manos de una empresa particular. Este organismo con la complacencia de autoridades de toda índole, impiden que una persona pueda solicitar un servicio de transporte particular, a una plataforma de taxis o a los mismos taxistas que operan en algún municipio de Jalisco. Pero de igual manera funciona este servicio en las terminales aéreas del país.

Estos consorcios controladores del transporte del aeropuerto no cumplen con los principios, no tan solo constitucionales que ya anotamos, sino con los que plantean los especializados en el ramo, para mejorar su prestación, pues al no tener competidores, poco les importa mejorar su actividad.

En cuanto al precio que se les debe pagar, no es libre, (por lo tanto, lo del taxímetro es una ficción) ya que imponen severas tarifas que forzosamente debe cubrir todo derechohabiente. Luego viene lo peor: no existe la capacidad para brindar un pronto transporte cuyo coste ya fue pagado con anticipación. Cuando se arriba a la terminal aérea tapatía, si no se tiene un pariente o amigo que acuda para llevarnos a nuestro destino, en vistas del pésimo servicio público que existe, hay que recurrir a los taxis “oficiales” del aeropuerto, y allí a veces nos indican: el tiempo de espera puede ser de una hora. Durante el aguante correspondiente, consultados algunos viajeros, testimonian que a ellos les ha tocado esperar hasta más de dos horas, por lo que si abordamos el respectivo coche en una hora o menos, ya es un ventajoso logro.

Consecuencia de lo anterior, son los comentarios constantes: ¿por qué el gobierno federal, permite que se perjudique a las personas de esa manera? Sobre todo, considerando que es totalmente anticonstitucional lo que hacen los operadores de ese servicio de transporte. Preguntado alguno de los choferes de tales unidades, sobre si los dueños de las unidades en que trabajan son políticos, contestan temerosos “que quizás sí”. Tal como se estila en la república, no seria nada raro que picudos personajes que medran agraviando a la ley y al público, estén metidos en este asunto, y claro está, con la condescendencia del gobierno.

La cuestión es que el espacio de los aeródromos es de competencia federal, y por lo tanto esta autoridad protege, contra el interés del pueblo, a los empresarios de los taxis aeroportuarios. Y las multas para el conductor que se atreva a desafiar tal medida, son colosales, pues llegan hasta los $54,000.00 pesos. Por su parte la Guardia Nacional, muy quisquillosa, está con los ojos abiertos para no permitir se preste el servicio dentro del área que les corresponde vigilar.

En una reciente protesta frente a la Secretaría de Gobernación, en la capital de la nación, una persona allí presente manifestó: “Pedimos y exigimos que los usuarios tengan la libertad de elegir si toman un viaje por aplicación o un taxi, monopolizan todo”. (El Universal, 19/09/2024). Lo que fundamentalmente se exige, es que haya piso parejo para todo taxista, y ello irá en beneficio de la población.

Ojalá que la máxima autoridad de la federación, tome cartas en el asunto y acabe con este monopolio de los taxis aeroportuarios, con lo cual salvaguardará la Constitución que los prohíbe, protegiendo -como es su obligación- a los mexicanos y visitantes que son millones en las terminales aéreas nacionales.