Censura con toga y birrete

 

Víctor Hugo Prado

La censura en México ha cambiado de rostro. Ya no se ejerce con golpes, clausuras o amenazas directas, sino con toga, birrete y códigos legales. El Estado, o quienes lo representan, han sustituido la censura abierta por un modelo más sofisticado y corrosivo: el acoso judicial. Un sistema que criminaliza la crítica pública y castiga a quienes se atreven a cuestionar el poder.

De acuerdo con la organización Artículo 19, esta nueva forma de censura “no requiere de balas ni de sicarios: basta con abogados, tribunales a modo y leyes torcidas en su interpretación”. En su informe “Aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, publicado el 25 de agosto de 2025, advierte que la persecución judicial se ha convertido en una estrategia de desgaste económico, legal y psicológico para silenciar a la prensa.

Los números lo confirman: solo entre enero y julio de este año se registraron 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación, un incremento del 143% respecto a todo 2024. Es decir, un nuevo proceso cada cuatro días. Veracruz encabeza la lista con diez casos, seguido de otros dieciséis estados, lo que evidencia una práctica sistemática, no hechos aislados.

Lucía Moguel, investigadora del Programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, advierte que los temas sensibles —corrupción, nepotismo, vínculos con el crimen organizado— están desapareciendo del debate público. No porque no existan, sino porque hablar de ellos puede costar una demanda, una multa o la ruina personal. En algunos casos, las sanciones oscilan entre dos mil y doscientos mil pesos, aunque hay demandas millonarias, como la que enfrenta en Campeche un comunicador al que incluso amenazan con embargar su vivienda.

Figuras públicas como Pío López, Layda Sansores y otros actores políticos ya encontraron el camino y lo enseñaron a los demás: usar los tribunales como instrumentos de intimidación. No importa ganar o perder el caso; el proceso mismo se convierte en el castigo. El mensaje es claro: pensar diferente sale caro.

En un país donde ejercer la libertad de expresión implica un riesgo legal y económico, la democracia se vuelve frágil. Cada demanda, cada multa, cada citatorio judicial dirigido contra una voz crítica erosiona el espacio cívico. Y aunque no haya balas ni censores oficiales, el resultado es el mismo: silencio, miedo y autocensura.

Porque cuando expresarse por cualquier vía se convierte en peligro, eso —aquí y en cualquier lugar— se llama censura.