Víctor Hugo Prado
Los
mexicanos no tenemos por qué aceptar sin cuestionar la narrativa de
logros que el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación
presume haber alcanzado en sus siete años de gestión. Esa versión
oficial se desvanece frente a una realidad inocultable: la
delincuencia organizada controla amplias zonas del territorio
nacional; autoridades vinculadas con grupos criminales operan con
impunidad; y la inseguridad, junto con la violencia, azota sin
descanso los cuatro puntos cardinales de la patria.
A ello se
suma una herida que no cierra: la corrupción. Este mal histórico
continúa dañando el desarrollo económico, político y social del
país. Conviene recordarlo: la corrupción nos afecta a todos.
Debilita la confianza en las instituciones, erosiona la credibilidad
del gobierno y abre el camino para que el poder actúe sin vigilancia
ciudadana. Además, frena el crecimiento económico y profundiza la
desigualdad, visible en la mala calidad de la infraestructura, en los
servicios públicos deficientes y en la precariedad de las carreteras
y calles del país.
La educación no escapa a este deterioro.
Faltan recursos para dignificar las escuelas, modernizarlas e
impulsar la carrera de maestras y maestros comprometidos con su
responsabilidad docente. En salud, los hospitales públicos siguen
saturados, con carencias graves de medicamentos y personal suficiente
para atender a una población que envejece y padece enfermedades
crónicas derivadas de un estilo de vida precarizado. La corrupción
no solo destruye la confianza pública: también alimenta la pobreza
y la inseguridad, y daña al sector privado al fomentar la
competencia desleal.
Por ello, no debemos conformarnos con la
narrativa oficial. México necesita voces críticas, medios,
organizaciones y ciudadanos que fiscalicen los actos de gobierno y
exhiban a quienes incurren en corrupción.
Un ejemplo es el
anuario
de Mexicanos contra la Corrupción, que
documenta 51 casos relevantes durante el primer año de gobierno de
la presidenta Claudia Sheinbaum: irregularidades en contrataciones
públicas, favoritismo a “cuates”, enriquecimiento inexplicable y
fraudes fiscales como el llamado huachicol
fiscal.
Y como
si no bastara, recientemente se reveló el huachicol
del camarón y del
azúcar:
importaciones fraudulentas donde se declaran productos distintos para
evadir aranceles, con la presunta complicidad de las Fuerzas Armadas,
responsables de controlar lo que entra y sale del país. Lo denunció
el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar.
La pregunta es
qué hará la Presidencia al respecto. Porque, hasta ahora, la
estrategia de “barrer las escaleras de arriba hacia abajo” solo
ha dejado un resultado: la corrupción sigue instalada en los
peldaños más altos del poder.
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