El Volcán/Fiscalía
José Rafael “N”, quien se
desempeñó como director del Organismo Operador del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Ayuntamiento de Unión de Tula, Jalisco
(OSIAPA), durante la administración 2021-2024, fue vinculado a
proceso por el delito de peculado.
En
audiencia inicial que concluyó la tarde del lunes 16 de febrero de
2026, en los Juzgados del Séptimo Distrito Judicial con sede en
Autlán de Navarro, el Juez de Control y Oralidad, César Julián
García Fuentes, resolvió vincular a proceso al exfuncionario
municipal por dicho delito.
El
peculado es el delito que comete todo servidor público que, para
usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, bienes
o cualquier otro patrimonio perteneciente al Estado, municipio,
organismo descentralizado o a un particular, cuando por razón de su
cargo los hubiese recibido en administración, depósito o posesión,
previsto en el Código Penal para el Estado de Jalisco.
Como
medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada al
imputado por un plazo de seis meses y fijó el mismo periodo para el
cierre de la investigación complementaria.
Al
concluir su encargo el 30 de septiembre de 2024, durante el proceso
de entrega-recepción, las autoridades entrantes detectaron el
faltante de una camioneta pick up modelo 2007, con valor factura de
161,577 pesos, la cual había sido donada al organismo por la
Comisión Estatal del Agua (CEA) entre 2021 y 2024. Aunque el
vehículo estaba registrado en el parque vehicular del organismo,
físicamente no fue localizado y posteriormente se tuvo conocimiento
de que fue entregado a una empresa constructora privada.
Por
estos hechos, representantes del Ayuntamiento de Unión de Tula y de
la Comisión Estatal del Agua presentaron una denuncia ante la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de
Jalisco. El Ministerio Público integró la carpeta de investigación
y presentó el caso ante el juez el pasado 11 de febrero de 2026. En
dicha audiencia, la defensa del imputado solicitó la ampliación del
término constitucional de 144 horas.
Al
reanudarse la audiencia este lunes, el juez determinó la vinculación
a proceso del imputado y ordenó su prisión preventiva por un
periodo de seis meses.
La
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción reiteró su
compromiso de investigar y sancionar cualquier acto que afecte el
patrimonio público y la legalidad en el ejercicio del servicio
público.
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