Víctor Hugo Prado
El problema del crimen organizado en México no
radica únicamente en que los cárteles desafíen al Estado. El
verdadero dilema, mucho más profundo y peligroso, es que en
múltiples regiones parecen formar parte de él. Así lo plantea Mary
Beth Sheridan, periodista especializada en América Latina del The
New York Times, en un
análisis que pone el dedo en una de las llagas más sensibles de la
vida pública mexicana: la imbricación entre política local y
estructuras criminales.
De acuerdo con Sheridan, el principal
reto del combate al narcotráfico no es solo operativo —más
policías, más soldados, más patrullas—, sino estructural. En
diversas zonas del país, los grupos criminales no actúan como
fuerzas externas al poder, sino como actores insertos en dinámicas
municipales y estatales. Mantienen vínculos con autoridades locales,
influyen en procesos electorales y operan dentro de redes
administrativas que, lejos de ser neutrales, han sido
permeadas.
Este fenómeno explica por qué una estrategia
frontal contra el crimen organizado implicaría, para cualquier
gobierno, desmantelar los propios cimientos del poder local. Combatir
al crimen organizado puede significar enfrentarse a alcaldes,
funcionarios, operadores políticos o incluso a miembros de la propia
coalición gobernante. Morena no es una excepción, pero tampoco lo
han sido otros partidos políticos a lo largo de la historia reciente
del país.
El análisis del NYT
identifica varios factores que elevan el riesgo de una política de
seguridad contundente: la dependencia de estructuras territoriales
para ganar elecciones; la fragilidad institucional de muchos
municipios; la relación ambigua entre autoridades y actores
delictivos; y la ausencia de filtros eficaces en la selección de
candidatos. Aunque estas acusaciones no constituyen sentencias
judiciales, sí tienen un impacto real en la gobernabilidad, en la
toma de decisiones y en el cálculo político.
Según datos
oficiales, más del 60% de los municipios mexicanos carecen de
corporaciones policiacas sólidas, lo que incrementa la
vulnerabilidad frente al crimen organizado. A ello se suma un sistema
electoral que, en muchos casos, privilegia la rentabilidad política
sobre los antecedentes ciudadanos de quienes aspiran a
gobernar.
Quizá este y otros análisis, nacionales y
extranjeros, deberían servir como punto de partida para una reforma
electoral de fondo. Una que no se concentre en debilitar a la
oposición mediante la eliminación de contrapesos, sino que blinde
al sistema democrático frente a los poderes fácticos. Una reforma
que obligue a los partidos a asumir su responsabilidad en la
selección de candidatos y que coloque la integridad, y no solo la
popularidad, como requisito indispensable para ejercer el
poder.
Porque cuando el Estado no combate al crimen, sino que
lo habita, la democracia deja de ser una promesa y se convierte en
una simulación.
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