El Volcán/congreso
Ante la indignación social provocada por el fallecimiento de Clarisa Rodríguez en Puerto Vallarta, la diputada local Yussara Elizabeth Canales González presentó una iniciativa para reformar el artículo 63 del Código Penal del Estado de Jalisco, con el objetivo de endurecer las sanciones contra quienes provoquen homicidios viales bajo el influjo del alcohol o drogas.
La
legisladora señaló que esta reforma no nace desde el escritorio,
sino desde el dolor de una familia y el clamor de una sociedad que
exige justicia.
“El
caso de Clarisa no puede repetirse. No fue un accidente, fue una
irresponsabilidad que hoy nos obliga como legisladores a actuar con
firmeza”, sostuvo.
El
12 de enero de 2026, Clarisa Rodríguez, de 31 años, perdió la vida
tras ser impactada por un conductor presuntamente en estado de
ebriedad sobre la avenida Francisco Medina Ascencio, en el municipio
de Puerto Vallarta.
De acuerdo con testimonios, el responsable habría sido dejado inicialmente en libertad, lo que detonó protestas ciudadanas con consignas como “Queremos al culpable”, “Clarisa no está sola” y “No fue un accidente, fue un homicidio”.
Para la vallartense, este hecho evidenció no solo una tragedia individual, sino una falla estructural en el marco jurídico vigente.
Actualmente, el Código Penal de Jalisco establece como agravante en homicidio culposo por tránsito de vehículos únicamente cuando el conductor rebasa los 150 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Sin embargo, estudios científicos internacionales señalan que con niveles mucho menores ya se encuentran significativamente afectadas las capacidades de conducción.
“Hoy la ley fija un umbral demasiado alto frente a la evidencia científica. Una persona con reflejos deteriorados y capacidad de reacción disminuida podría no enfrentar una agravante penal si no rebasa ese límite. Eso debe cambiar”, enfatizó la diputada.
• Aumentar la pena por homicidio culposo agravado en siniestros viales, pasando del rango actual de 4 años 1 mes a 10 años, a un nuevo rango de 6 a 12 años de prisión cuando exista estado de ebriedad o consumo de sustancias.
• Establecer como agravante el estado de ebriedad, eliminando el criterio restrictivo basado exclusivamente en un umbral elevado de concentración de alcohol.
• Incluir como agravante conducir bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o cualquier sustancia que produzca efectos similares.
• Incorporar nuevas agravantes:
• Abandonar el lugar del accidente sin prestar auxilio cuando se tenga la posibilidad de hacerlo.
• No respetar la luz roja del semáforo cuando ello derive en homicidio culposo.
La
legisladora subrayó que la iniciativa se encuentra alineada con
estándares internacionales en materia de seguridad vial, con
recomendaciones de organismos internacionales y con criterios
jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con el Informe de Salud Pública sobre la Situación de la Seguridad Vial 2023-2024, Jalisco ocupa el primer lugar nacional en defunciones por siniestros viales, con 1,275 muertes registradas en 2023. Además, en 2024, tres de cada diez accidentes en la entidad estuvieron relacionados con el consumo de alcohol.
“Estamos
frente a un problema de salud pública. Cada cifra tiene nombre,
rostro y familia. No podemos normalizar que conducir alcoholizado sea
una conducta socialmente tolerada”, advirtió.
Canales
González afirmó que esta reforma busca enviar un mensaje
contundente de responsabilidad social y protección a las víctimas.
“Esta
reforma no es un acto simbólico. Es un mensaje claro: en Jalisco la
vida vale más que la irresponsabilidad. Quien decida conducir bajo
el influjo del alcohol o drogas debe saber que enfrentará
consecuencias reales.”
Yussara reiteró su compromiso de acompañar a las víctimas y dar seguimiento puntual al proceso legislativo, con el objetivo de que la reforma avance y contribuya a reducir la siniestralidad vial en el estado.
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