El Volcán/Congreso
Frente
a la crisis forense que vive Jalisco y México, la legisladora
Yussara Elizabeth Canales González presentó una estrategia
legislativa integral compuesta por dos iniciativas complementarias
que buscan garantizar la dignidad post mortem y facilitar la
localización de familiares de personas fallecidas identificadas que
permanecen sin ser reclamadas.
Actualmente,
el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses resguarda cientos de
cuerpos plenamente identificados cuyos familiares no han sido
localizados, muchos de ellos originarios de otras entidades
federativas. A nivel nacional, la acumulación de restos humanos en
instituciones forenses supera los 72 mil casos.
“Detrás
de cada cuerpo hay una madre, un padre, una familia que sigue
buscando. El Estado no puede quedarse de brazos cruzados cuando tiene
información suficiente para ayudar a localizarlos”, afirmó la
legisladora.
La
primera propuesta reforma la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense
de Ciencias Forenses para establecer como obligación expresa que,
cuando el Instituto cuente con datos suficientes como nombre, CURP,
entidad y municipio de nacimiento, realice gestiones formales ante:
• Las Direcciones del Registro Civil de la entidad correspondiente.
• Las Fiscalías o Procuradurías donde se presuma exista denuncia por desaparición.
El objetivo es facilitar la localización de padres, tutores o familiares y propiciar la entrega digna de los restos humanos.
La reforma no implica creación de nuevas estructuras ni aumento presupuestal; establece una responsabilidad clara de coordinación institucional.
De
manera complementaria, la vallartense lanzó un llamado formal a los
congresos locales del país para que emprendan las acciones
legislativas necesarias e incorporen en sus respectivas leyes la
misma obligación de búsqueda activa y coordinación entre servicios
médicos forenses, registros civiles y fiscalías estatales.
Además,
se propone fortalecer convenios con el Instituto Nacional Electoral
para integrar bases de datos con nombre, CURP e imagen que faciliten
la identificación y localización de familiares.
La
intención es que la responsabilidad institucional no dependa de
esfuerzos aislados o de colectivos ciudadanos, sino que quede
establecida como mandato legal en todo el país.
Las
iniciativas parten de un principio claro: la dignidad humana no
termina con la muerte. El Estado tiene la obligación de garantizar
un trato respetuoso a los restos humanos y de actuar con debida
diligencia para que las familias conozcan el destino de sus seres
queridos.
“Una
sepultura digna no es un trámite administrativo. Es el derecho de
una familia a cerrar un ciclo de incertidumbre. Es humanidad, es
verdad y es justicia”, subrayó Canales González.
Con
estas dos iniciativas complementarias, Yussara Canales propone:
• Institucionalizar la búsqueda activa de familiares.
• Reducir la saturación en instalaciones forenses.
• Fortalecer la coordinación entre entidades federativas.
• Garantizar
la entrega digna de personas fallecidas identificadas.
La
legisladora reiteró que la crisis forense no puede normalizarse y
que el Congreso tiene la responsabilidad de convertir la sensibilidad
social en soluciones legales concretas.
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