La urgencia de restaurar el Estado de derecho en México

Víctor Hugo Prado

Si algo ha quedado claro en los últimos años es que el fracaso en la plena implementación del Estado de derecho en México no sólo es un problema técnico del sistema jurídico, sino una de las causas profundas de la violencia, la inseguridad y la impunidad que vivimos cotidianamente. El Estado de derecho —ese principio de gobernanza donde todas las personas, instituciones y el propio Estado están sometidos a leyes claras, públicas, aplicadas por igual e independientes— no puede ser un ideal vacío, sino una práctica cotidiana que garantice justicia, seguridad y derechos.

Cuando las leyes se cumplen de forma desigual o se aplican selectivamente, México no solo pierde credibilidad ante sus ciudadanos, sino también ante el mundo. La ausencia de un sistema que garantice la aplicación efectiva de la ley —a través de autoridades, fiscalías y tribunales independientes— propicia un caldo de cultivo perfecto para la impunidad. Esta, a su vez, desprotege a la ciudadanía y alimenta fenómenos como el abuso de poder, el soborno, la malversación de fondos y la extorsión. No es casualidad que estas prácticas corruptas se hayan arraigado; son el síntoma de un Estado que no logra ofrecer justicia ni seguridad.

El último Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project lo confirma con datos concretos: México ocupa el lugar 121 de 143 países evaluados, con una puntuación global de apenas 0.40 en una escala donde 1 indica máxima adhesión al Estado de derecho. En la región de América Latina y el Caribe, solo 4 países quedaron peor evaluados que México, ubicando a nuestro país lejos del promedio regional.

La evaluación también muestra que México obtiene puntuaciones bajas en factores clave como ausencia de corrupción, orden y seguridad, justicia civil y penal, y límites al poder gubernamental. Esto no es una crítica retórica: es un diagnóstico objetivo que enlaza directamente con la violencia, con derechos humanos vulnerados y con la desconfianza hacia las instituciones.

Corregir este rumbo no es tarea de una administración, ni de partidos, ni de una sola elección: es una obligación cívica de largo plazo. Los ciudadanos debemos insistir en elegir autoridades comprometidas con la legalidad, con la independencia judicial y con la transparencia. La percepción de justicia hoy es una preocupación central para la inversión, la convivencia pacífica y la gobernabilidad.

Combatir el crimen no puede reducirse a la presencia de fuerzas armadas o policías; es un problema de cultura legal, de instituciones fuertes y de sociedades que exigen rendición de cuentas. El Estado de derecho no es un espectáculo teórico, sino el cimiento de una sociedad más segura, justa y próspera.