Regresión democrática

 

Víctor Hugo Prado

En los últimos siete años, México ha mostrado signos evidentes de una severa regresión democrática. Para muchos, sobre todo los más jóvenes, este fenómeno puede parecer irrelevante o lejano, sin dimensionar que constituye una amenaza directa al futuro y que puede afectar derechos humanos básicos, como ha sucedido en otros países que abandonaron la senda democrática.

Algunos ejemplos ilustran esta preocupante tendencia:

– La ausencia de alternativas políticas reales. Se perfila un escenario donde solo habrá “una sopa”, sin opción de elegir entre proyectos distintos.
– Con un órgano electoral debilitado y un tribunal a modo, el 54 % de los votos terminó convertido en un 74 % de los escaños en la Cámara de Diputados. Este tipo de distorsiones abre la puerta a mayorías artificiales que permiten un poder absoluto, desvirtuando la voluntad popular.

– La disolución del Poder Judicial independiente dio paso a un sistema donde los ministros, magistrados y jueces son definidos según intereses políticos y no por méritos propios, lo que mina la impartición imparcial de justicia.

– La eliminación de órganos autónomos creados para evaluar y exigir el cumplimiento de obligaciones en sectores estratégicos —educación, energía, telecomunicaciones, entre otros— dejó al propio gobierno como juez y parte de sus acciones.
– La Guardia Nacional fue adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, rompiendo con la tradición de que la seguridad pública recaiga en civiles. Esta militarización incrementa riesgos de violaciones a derechos humanos.

– El hostigamiento desde el poder hacia las voces críticas en medios públicos y privados se ha vuelto permanente. Comunicadores y programas incómodos son amedrentados, mientras que los medios públicos se han convertido en voceros oficiales, promoviendo campañas partidistas y construyendo una narrativa que contrasta con la realidad nacional.

– En el Congreso se ha anulado el debate de fondo. Las reformas, leyes e iniciativas se aprueban sin análisis, discusión ni valoración de sus impactos, reduciendo el trabajo legislativo a un simple trámite de obediencia.

– Las protestas de la sociedad civil —como las de padres de niños con cáncer o colectivos de búsqueda de desaparecidos— son ignoradas y descalificadas, evidenciando un desprecio constante hacia la participación ciudadana.

– Finalmente, la oposición es tratada como enemiga. Su permanente estigmatización polariza a la sociedad, impide acuerdos y bloquea la posibilidad de construir consensos para avanzar en el desarrollo económico, político y social del país.
Ojalá la realidad desmienta este panorama. Sin embargo, el rumbo que hoy se vislumbra no augura nada positivo para el futuro de México.