Septiembre de 2025, parteaguas nacional

 

Pedro Vargas Avalos

Con el comienzo del mes de septiembre se registraron varios actos de suma trascendencia para nuestra Patria, de tal manera que podemos afirmar que tal lapso es un parteaguas de México. Este término es utilizado en sentido figurativo entre los mexicanos, significando que un suceso o momento determinado marcan un antes y después de una época o período.

Un hecho culminante se refiere al primer informe del sexenio de la flamante Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), el cual se llevó a cabo en dos actos: inicialmente en Palacio Nacional donde lo rindió verbalmente; el segundo paso fue en el Congreso General (es decir, en sesión tanto de diputados como de senadores) y que se encargó de entregar materialmente la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Recordemos que CSP es la primera mujer que encabeza el poder ejecutivo de la nación; en consecuencia, su informe inaugural reviste gran trascendencia. Su breve resumen, ella lo expresó: sin dejar de admitir problemas y retos, vamos bien e iremos mejor.

El segundo de los acontecimientos divisorios de época se refiere al poder Judicial Federal, que conlleva implicaciones con los correspondientes de las Entidades federativas, dentro de las cuales lamentablemente Jalisco aún no se inscribe.

Como es conocido, desde hace meses el tema de la reforma judicial ocupó espacios y atenciones a lo largo y ancho del país. El sistema de elecciones libres, directas y secretas por la ciudadanía para la designación de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las magistraturas de la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; y las magistradas y los magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito, quedó incorporado en la Suprema Ley de la Nación, el 15 de septiembre de 2024 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó la Constitución Política en materia de reforma al Poder Judicial.

Con la elección del uno de junio reciente, se cumplieron aquellas disposiciones constitucionales, y así se cambió el sistema burocrático-político para integrar la cabeza del poder judicial, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ) y a todo el Poder Judicial de la Federación (PJF). A partir de esa fecha estelar, fue la ciudadanía quien dijo quiénes serían no solo los ministros de la SCJ, sino los magistrados y jueces de este poder encargado de impartir justicia. Su culminación fue a partir del uno del mes patrio, cuando se instaló la nueva SCJ, teniendo como invitados de honor a los representantes de la Cámara de Diputados y de la de los Senadores, además de la titular del poder ejecutivo federal, algo que hacía mucho no se veía, debido a las diferencias entre la extitular de la fenecida SCJ y varios de sus camaradas ministros, con los legisladores y el ejecutivo. Los nueve ministros -en lugar de once, como se componía la anterior Corte- son: Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Ministro Hugo Aguilar Ortiz, con los siguientes ministros(a)s: Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García. Su periodo será de doce años, aunque en esta ocasión tienen variaciones distintas, lo que se adecuará hasta 2033. La presidencia de la Suprema Corte rotará cada dos años entre los ministros, según el número de votos obtenidos en su elección. Como dato significativo, la nueva indumentaria de los ministros incorporará distintivos tradicionales de pueblos indígenas como un gesto de inclusión y diversidad cultural de México; otro acto muy simbólico, fue la apertura de la puerta principal de la SCJ, cerrada por los problemas de los anteriores ministros. Por cierto, ahora ya no existen Salas -como antes-, por lo que todo asunto competencia de la SCJ, lo resolverá el pleno en sesión pública, debiéndose divulgar previamente los proyectos de resolución, lo cual antes se hacía privadamente: ahora, el pueblo estará informado de como actuará la Corte. Y como precisó el presidente Hugo Aguilar O: habrá cercanía con el pueblo, austeridad dentro de la Constitución, equilibrada separación de poderes y transparencia integral.

Ese mismo día, el pleno de la SCJ nombró a los miembros del Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación, siendo ellos: José Alberto Gallegos Ramírez, Lorena Josefina Pérez Romo y Catalina Ramírez Hernández; el legislativo había nominado a Surit Berenice Romero Domínguez y el ejecutivo a Néstor Vargas Solano, quien fungirá como Presidente por los primeros dos años. Con este acto prácticamente quedó extinto el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuerpo que durante 30 años administró lo relativo al PJF, con excepción de los ministros de la SCJ, con resultados magros y muy opacos. La OAJ tendrá a su cargo la carrera judicial, la organización territorial y por materias de tribunales y juzgados, la elaboración y vigilancia del presupuesto —con la prohibición de crear fideicomisos no previstos en la ley, lo que antes era muy común y mucho defendieron los ministros que se fueron—, la reasignación de adscripciones, el cambio de sedes judiciales y la expedición de acuerdos generales. Asimismo, garantizará la seguridad de los juzgadores en casos relacionados con delincuencia organizada, teniendo facultades concentradoras en asuntos vinculados con violaciones graves de derechos humanos, siempre que lo requiera la SCJ. También estará al frente de la Escuela Nacional de Formación Judicial y del Instituto Federal de Defensoría Pública, entidad que debe ser muy fortificada para que cumpla su esencial función de apoyar al pueblo para lograr se le haga justicia. Sus integrantes durarán seis años en el cargo, sin posibilidad de reelección, y la presidencia será rotatoria bianualmente.

Otro momento histórico es con referencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -TEPJF-, el cual venía funcionando con cinco magistrados, debiendo ser siete. Ahora, ya se integró cabal desde el martes antedicho, al agregarse los dos magistrados electos en junio: Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz, quienes se unen a los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso (actual presidenta), Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón. La magistrada Soto Fregoso, declaró que “este tribunal está preparado como siempre lo ha hecho para cumplir con su deber. Contamos ahora con un pleno integrado por magistradas y magistrados que seguirán garantizando decisiones independientes, imparciales, inclusivas y transparentes”. De igual manera, dio la bienvenida a las quince magistradas y magistrados que conformarán las cinco salas regionales de este tribunal tan importante para la vida democrática de la república.

La renovación total de los organismos directivos del PJF, se completó el martes dos del presente mes, al tomar posesión los miembros del "Tribunal de Disciplina Judicial", órgano encargado de evaluar y dar seguimiento al desempeño de las y los impartidores de Justicia federales en esta insólita etapa. Ahora si se incluye a los mismos ministros de la SCJ, lo cual antes no sucedía, dándoles un papel de intocables. La sesión de instalación fue encabezada por la Magistrada presidenta Celia Maya García, cargo que obtuvo al haber sido la candidata con mayor número de votos recibidos en la elección judicial del pasado uno de Junio, destino que ejercerá por dos años; el Pleno se completa con las Magistradas Eva Verónica de Gyvés Zárate e Indira Isabel García Pérez, así como los Magistrados Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H. León Tovar. La magistrada Maya refirió: "no se debe tolerar que haya conductas inadecuadas o indolentes en la administración de justicia no es admisible la impunidad de los malos juzgadores. Es inaceptable el retardo de la resolución de los asuntos sometidos al conocimiento de la judicatura".

El OAJ dio otro paso que prueba el cambio notable que experimenta el PJF: ya aprobó reducir los sueldos netos mensuales establecidos para ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de Circuito, así como los de jueces de Distrito y magistrados integrantes del OAJ. Esto va en consonancia con lo que anunció en su discurso de toma de posesión el ministro Hugo Aguilar Ortiz, quien sostuvo que se revisarían las pensiones de los ministros en retiro, actualmente de hasta 385 mil pesos mensuales, así como eliminar seguros médicos privados, jubilaciones anticipadas y otros gastos superfluos, sustituyéndolos por los servicios del ISSSTE. Todo apunta a la idea de que la austeridad no implique precariedad, sino la erradicación del dispendio y del nepotismo. En pocas palabras, ahora si se procurará que cada peso fortalezca a los juzgados, con el fin de reducir rezagos, modernizar procesos y digitalizar la justicia.

Finalmente, apuntamos que en el Senado también rindieron protesta los magistrados y jueces (en total 462 personas magistradas de circuito y 384 como jueza(e)s de distrito) electos el pasado 1 de junio, con lo que se consumó la integración del PJF. Por excepción hay unos pocos que lo harán ulteriormente, y desde luego, la otra mitad de juzgadores que serán electos en 2027.

La gran mayoría de mexicanos esperamos que el período que señala el parteaguas de la justicia nacional sea verdaderamente un tiempo de genuina renovación integral del Poder Judicial Federal. Disentimos de lo que expresaron los miembros de las oposiciones: los priistas de Alito, que ni siquiera acudieron a la rendición de protesta de los juzgadores, pues ese inefable personaje aseveró que “La elección judicial es el fracaso más grande que hay” y se hizo para el gobierno apoderarse del PJF ; por su lado, Movimiento Ciudadano por medio del tapatío Clemente Castañeda, aseguró que el régimen oficialista “nos engañó con la verdad”, porque se aprovechó del malestar generalizado de las y los mexicanos para “capturar políticamente” al Poder Judicial. En el mismo sentido, el panista Ricardo Anaya señaló que “no tiene legitimidad de origen la autoridad que surge de un proceso fraudulento plagado de irregularidades”. Las oposiciones y sus rancias posturas, que según las encuestas de hace años a la fecha, los tiene en el cabús del tren de la democracia.

La Presidenta CSP, afirmó en una mañanera: Los ministros, magistrados y juzgadores electos, “tienen que dar ejemplo de profesionalismo, de impartición de justicia… un ejemplo de que hay cambios, de honestidad, de honradez, de transparencia. Hoy son elegidos por el pueblo. Ahora les corresponde a ellas y a ellos, … dar un ejemplo a México y al mundo de que puede haber un sistema de justicia diferente… que no responda a intereses particulares ni a privilegios, sino a la necesidad de garantizar justicia imparcial y cercana al pueblo”. Esto hablando en plata pura, es el parteaguas de la justicia que los mexicanos esperamos: Desterrar el hecho y la idea de que en México solo tienen acceso a la justicia quienes tienen influencias, poder o dinero. A los mexicanos se nos tiene una deuda histórica de justicia, y ahora se llegó el momento de pagarla.