El Volcán/Fiscalía
En el primero de los casos se investigan hechos ocurridos el pasado 9 de junio en el municipio de Jamay. La víctima —un hombre de nacionalidad colombiana— se encontraba en el exterior de una tienda de autoservicio donde tuvo un incidente por el pago de un producto, el cual fue solucionado en el sitio.
Sin embargo, y de acuerdo con las indagatorias, momentos después arribó una unidad de la policía municipal cuyos elementos detuvieron al ciudadano a pesar de que la situación ya había sido aclarada.
El afectado fue trasladado a los separos de la comisaría y, posteriormente, llevado a otro punto donde al parecer lo entregaron a un grupo de personas fuertemente armadas.
Las indagatorias permitieron acreditar que la víctima fue agredida físicamente y mantenida en cautiverio durante dos días, para luego ser liberada junto con otra persona de la misma nacionalidad, por lo que las investigaciones también continúan respecto a este segundo afectado.
Mediante el desahogo de una orden de cateo al interior de la comisaría municipal, se logró detener a dos policías municipales, Octavio “N” y Víctor Alejandro “N”, para presentarlos ante juzgado donde fueron imputados por el delito de desaparición forzada de personas y permanecerán en prisión preventiva mientras se realiza la audiencia de vinculación.
En un segundo evento, se logró la captura y posterior vinculación a proceso de Fernando Saúl “N” por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición cometida por particulares y desaparición cometida por particulares agravada, en perjuicio de dos mujeres y un hombre.
Según consta en las investigaciones, el 7 de julio del año pasado, personas armadas a bordo de dos vehículos privaron de la libertad a un matrimonio en la colonia Basilio Badillo, en el municipio de Tonalá. De forma casi simultánea, otro grupo privó de la libertad a una mujer joven, nuera de la pareja afectada.
El resultado de las investigaciones técnicas permitió establecer la posible participación de Fernando Saúl “N” en los hechos, por lo que se solicitó y cumplimentó el mandato judicial en su contra. En la audiencia correspondiente, el juez de control le dictó auto de vinculación a proceso y, como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, se le impuso prisión preventiva oficiosa por un año, así como seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias.
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