La presión de Estados Unidos sobre México

 

Víctor Hugo Prado

Aunque usted no lo crea, la relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. La presión de Washington sobre presuntos vínculos entre actores políticos mexicanos y el crimen organizado ha dejado de limitarse al discurso diplomático para traducirse en investigaciones judiciales, cancelación de visas, filtraciones de información y advertencias de posibles acciones unilaterales. Bajo la administración de Donald Trump, el combate al narcotráfico y a la llamada narcopolítica se ha convertido en un eje central de la política exterior y de seguridad.

Las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos se apoyan, entre otras fuentes, en declaraciones de integrantes de organizaciones criminales sometidos a procesos judiciales, como miembros de la facción de Los Chapitos o de la estructura encabezada por Ismael 'El Mayo' Zambada. Aunque toda evidencia debe corroborarse en los tribunales, el solo hecho de que existan expedientes abiertos ha intensificado el escrutinio internacional sobre la clase política mexicana.

A ello se suma el uso de herramientas diplomáticas y económicas. Washington ha endurecido su política migratoria y comercial, advirtiendo incluso la posibilidad de imponer aranceles si México no muestra resultados más contundentes en el combate al crimen organizado. El mensaje es claro: la cooperación en materia de seguridad se ha convertido en un componente inseparable de la relación económica, con posibles implicaciones para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

En ese contexto, publicaciones recientes del The New York Times han señalado que diversos actores políticos buscan establecer canales de comunicación con autoridades estadounidenses ante el endurecimiento de las investigaciones. Más allá de la veracidad de cada caso particular, lo relevante es el ambiente de incertidumbre que estas versiones generan y el impacto que tienen sobre la confianza en las instituciones.

El gobierno mexicano sostiene que existe una intención de desacreditar al oficialismo con fines políticos. Esa posibilidad merece analizarse con seriedad, pero no debe convertirse en argumento suficiente para desestimar cualquier señalamiento. La mejor respuesta no es la confrontación retórica, sino la cooperación institucional, el intercambio de información y la aplicación imparcial de la ley.

México necesita despejar cualquier duda sobre la infiltración del crimen organizado en la vida pública. No para satisfacer exigencias externas, sino para fortalecer su propio Estado de derecho. La soberanía se defiende con instituciones sólidas, transparencia y justicia, no con la negación de los problemas. Quizá, una vez concluida la euforia del Mundial, esa sea la discusión que verdaderamente marcará el futuro del país.