El Volcán/Congreso
Fueron
entregadas 20 mil 503 firmas ciudadanas ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), para solicitar
formalmente la realización de un referéndum contra el aumento a la
tarifa del transporte público autorizado por el Gobierno del Estado.
Organizaciones estudiantiles, especialistas y legisladores que acompañaron la solicitud señalaron que el llamado tarifazo no es una decisión técnica, sino una decisión política tomada directamente por el gobernador Pablo Lemus Navarro, cuyos efectos recaen de manera inmediata en la economía cotidiana de miles de personas que dependen del transporte público para trabajar, estudiar y sostener su vida diaria.
La solicitud de referéndum junto
con la entrega de apoyos ciudadanos recabados la acompañaron el
ciudadano Roberto Ulises Estrada Meza, el Mtro. Ángel Pimentel
Pinedo, en representación del Colegio de Profesionales de la
Psicología del Estado de Jalisco, así como por Intercolonias AC,
Círculo de Estudios Miguel Hidalgo, Leones en Movimiento y la
Asociación Nacional de Estudiantes de Diseño Urbano, Urbanismo y
Planeación (ANEDUP), además de las legisladoras Tonantzin Cárdenas,
Mariana Casillas e Itzul Barrera y el legislador Leonardo
Almaguer.
En su intervención, la diputada Tonantzin Cárdenas
subrayó que “el pago del pasaje no ingresa al erario público,
sino que beneficia directamente a concesionarios privados, por lo que
no puede utilizarse ese argumento para descalificar la consulta”.
Asimismo, destacó la importancia de que usuarias y usuarios
formen parte de las decisiones sobre el transporte público, pues una
de las razones del aumento desproporcionado aprobado es que quienes
toman estas decisiones desconocen la mala calidad del servicio que se
ofrece.
Por su parte, la diputada Mariana Casillas señaló
que el ejercicio del referéndum implica una ruptura entre el poder
que gobierna y el poder del pueblo, en la que las personas ya no
están dispuestas a tolerar los abusos y toma de decisiones
indolentes por parte del Ejecutivo.
Con la entrega de las
20,503 firmas, el IEPC deberá revisar el cumplimiento de los
requisitos legales y solicitar al Instituto Nacional Electoral la
validación de los apoyos ciudadanos. Una vez concluido ese proceso,
el expediente será remitido al Consejo de Participación Ciudadana y
Popular para la Gobernanza, que deberá determinar la procedencia del
referéndum. Finalmente, las y los promoventes exigieron que el
Instituto Electoral garantice un trámite apegado a la ley, sin
interferencias políticas, y reiteraron que una decisión que
encarece el costo de moverse no puede tomarse a espaldas de la gente,
sino que debe ser definida por quienes usan todos los días el
transporte público.
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