Víctor Hugo Prado
Toda
reforma electoral debería tener un objetivo irrenunciable: ampliar y
profundizar la democracia, no reducirla ni ponerla en riesgo. Así lo
advirtió Miguel Armando López Leyva, coordinador de Humanidades de
la UNAM, durante el seminario “Reforma
Electoral: ¿Hacia dónde ir?”,
realizado en octubre de 2025. Recordó, con razón, que el país ha
construido avances significativos en esta materia, entre ellos tres
alternancias en el poder en los últimos 25 años, resultado de
reglas claras, instituciones sólidas y competencia real.
Sin
embargo, la reforma electoral que hoy impulsa el Ejecutivo federal
avanza en sentido contrario. Pese a los pronunciamientos críticos de
especialistas, partidos e instituciones académicas, la obsesión
reformista del actual gobierno ensombrece una democracia que ya
muestra signos de fragilidad. No se trata de negar que el sistema sea
perfectible, sino de advertir que debilitar lo que funciona puede
resultar más costoso que corregir lo que falla.
México logró,
a través de distintas reformas, un sistema de partidos competitivo,
elecciones transparentes, alternancia política y un organismo
profesional encargado de organizarlas. El Instituto Nacional
Electoral ha sido pieza clave de ese entramado. Hoy, la propuesta de
reforma amenaza con restarle facultades, comprometer su autonomía,
partidizar sin consensos su órgano de gobierno y reducir su
presupuesto, volviéndolo vulnerable a presiones políticas y
afectando su capacidad para garantizar elecciones libres y
confiables.
Más grave aún es el riesgo de concentración del
poder. La eliminación o reducción de espacios de representación
para minorías, como los legisladores plurinominales, podría
traducirse en mayorías artificiales, dominadas por un solo partido o
sus aliados, erosionando los contrapesos y debilitando la pluralidad
política.
Modificar las reglas del juego sin consenso, sin
escuchar a expertos ni a la oposición, debilita la legitimidad
democrática. Las consecuencias no serían solo políticas: la
incertidumbre institucional puede generar inestabilidad social y
económica, pérdida de confianza e impacto negativo en la inversión
y el crecimiento.
México no necesita una reforma que conduzca
al partido dominante ni al pensamiento único. Necesita y bienvenida
una que fortalezca la participación ciudadana, garantice elecciones
libres y competitivas, respete la voluntad popular, amplíe derechos
y ofrezca certeza y estabilidad. En suma, una reforma que amplíe la
democracia, no que la constriña.
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