El Volcán
Como
resultado de las diligencias de investigación inicial, el personal
especializado de la institución formalizó la judicialización y
puesta a disposición de 117 imputados ante el órgano
jurisdiccional.
La
acción se materializó a través de diversos mecanismos de
conducción, como 21 detenciones realizadas por mandato judicial,
cuatro en flagrancia, 91 presentaciones vía citatorio y una
reposición de procedimiento.
De
los casos, se presentaron 101 por violencia familiar, seis por
feminicidio, dos por el delito de violación, dos por abuso sexual, y
por los delitos contra la dignidad de las personas y lesiones, con
tres asuntos por cada uno.
La
incidencia territorial de dichos procedimientos se distribuye en
Amatitán, Ameca, Arandas, El Arenal, La Barca, Mezquitic, Sayula, El
Grullo y Chapala, municipios que reportaron un caso unitario.
En
el caso de Ocotlán, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y
Colotlán se registraron dos casos, respectivamente, seguidos por
Autlán de Navarro, Lagos de Moreno y Zapotlán el Grande, con tres
incidencias cada uno.
En
Tonalá hubo cuatro y en Cihuatlán como en Tepatitlán de Morelos,
cinco registros respectivamente.
En
la zona metropolitana, Guadalajara presenta 26 asuntos, seguida de
Tlajomulco de Zúñiga con 18, Zapopan con 12, Puerto Vallarta con 11
y San Pedro Tlaquepaque con diez.
Derivado
de los datos de prueba recabados, se vinculó a proceso a las 117
personas señaladas y se dictaron medidas cautelares.
A
18 individuos se les impuso la medida cautelar de prisión
preventiva, mientras que para 44 personas se decretaron medidas
cautelares diversas, consistentes en restricciones de acercamiento a
las víctimas o lugares determinados, firma periódica ante la
autoridad jurisdiccional y vigilancia institucional.
En
dos casos adicionales, el juzgador determinó la no imposición de
medidas. En 53 casos se autorizó la suspensión condicional del
proceso como salida alterna prevista en el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
Dicho
mecanismo permite la paralización del procedimiento penal supeditada
al cumplimiento de un plan de reparación del daño y al sometimiento
a condiciones de control rigurosas, garantizando una solución
pronta, eficaz y reparadora para las víctimas.
La Fiscalía del Estado ratifica su mandato de fortalecer los servicios de procuración de justicia en todo el territorio estatal, bajo una perspectiva de género transversal e irrestricta.
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