Víctor
Hugo Prado
Muchos
de ustedes habían advertido las posturas antinmigrantes del
presidente de EUA, Donald Trump. Si no, ahí están reflejadas ahora
en California, donde se ha ordenado a fuerzas federales redadas
contra migrantes, aun contra la posición del gobernador de ese
estado y de la alcaldesa de la ciudad de los Ángeles. Lo que ha
generado protestas desde el viernes pasado, no solo de la comunidad
latina, sino de los propios californianos que saben de la importancia
del trabajo de quienes llegaron llenos de esperanza buscando el sueño
americano.
Lo que viven ahora, es la humillación, la
violencia y el riesgo de ser deportados. No por nada las calles se
vieron abarrotadas con compatriotas e hispanos de otras
nacionalidades para protestar contra la presencia de la Guardia
Nacional. No los han detenido los fusiles ni la violencia ejercida
contra ellos. Lo que se defiende no es un asunto menor, es el derecho
que todo individuo tiene a vivir mejor, al empleo, a la educación, a
la salud, a tener un techo, lo que se defiende es el derecho a
existir. Insisto a encontrar una vida mejor, la que no encontraron en
su país de origen.
Los latinos amenazados con la deportación
en los Ángeles enfrentan un despliegue sin precedentes: 4 mil
guardias nacionales, 700 infantes de marina, o sea, un militar por
cada ocho migrantes y la amenaza de acrecentar ese frente comandado
por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que se
encarga de identificar las actividades criminales y eliminar los
puntos débiles que representan una amenaza para la seguridad
fronteriza, económica y de infraestructura de la nación.
Por
cierto, no había amenaza alguna. Lo que, si hay, son trabajadores en
la construcción, en restaurantes, en hoteles, en la industria, en
transporte, en campos agrícolas, en hospitales, iglesias, en el
servicio público. Uno de cada 2 trabajadores agrícolas, de género
masculino, es un inmigrante mexicano y uno de cada 3 de los que
laboran en la industria de la construcción es originario de México.
De los 19,501 millones de dólares que recibieron los hogares de
México entre enero y marzo de este año, el 22% fue remitido desde
algún punto de California, de acuerdo con el diario El Economista.
El gobierno federal debe empezar a trabajar una agenda sólida
que sea el centro de la atención, con repercusión no solo nacional
sino internacional, para denunciar los abusos. Implementar acciones
diplomáticas para asesorar a connacionales en los EUA, en consulados
y casas de las entidades federativas en California. Asesorar e
impulsar las acciones de las redes comunitarias en el exterior. Hoy
esta es la agenda y no dejar de llamar Andy a Andy.
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