Cara destrucción de la división de poderes

 

Brasil Acosta Peña

La “elección del Poder Judicial” fue una farsa política, uno de los mayores fraudes públicos y la “legitimación” del atropello con el que los morenistas quieren asumir el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el futuro pasaremos de la era del saber a la era de la oscuridad legal. La hasta ahora ministra presidenta, Norma Piña, tiene un conocimiento profundo de las leyes, de la forma de interpretarlas (jurisprudencia) y muchos años de experiencia en la impartición de justicia. Pero a partir del próximo semestre, la SCJN será dirigida por abogados que tienen muy poca experiencia en la administración judicial. Por eso, los mexicanos debemos asumir que con el proceso electoral del pasado 1° de junio –¡carísimo y pagado con nuestro dinero!– se abrió el camino para eliminar la división de poderes e instalar la dictadura que los dirigentes de Morena requieren para controlar el presupuesto de la nación y enriquecerse más con sus novedosas prácticas de corrupción.

Para nadie es extraño que los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) aún vigente fueron una piedra en el zapato para los dueños de Morena, porque con su actuación independiente frenaron varios atropellos que hicieron rabiar al anterior residente de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En una de sus rabietas, éste declaró: “al diablo las instituciones”; y en otra anunció que se requería una reforma al Poder Judicial porque, según él, era un poder corrupto. En ese entonces intentó meter el Transitorio 13° Constitucional para alargar la presidencia de Arturo Zaldívar en la SCJN; pero como la iniciativa era contraria a la Constitución, fue denegada y frenada la primera intentona de Morena por hacerse del PJF. Poco después, el exministro-presidente fue fotografiado por la prensa con la precandidata o candidata Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego, Morena hizo otro intento por reformar el PJF, pero la iniciativa no pasó porque no alcanzó la mayoría calificada en el Congreso. Fue entonces cuando AMLO anunció que se echaría a andar el “plan C”, es decir, cuando los morenistas tuvieran mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores y pudieran aprobar una reforma judicial a modo. Fue así como el esperpento legal de Morena fue aprobado por el Congreso de la Unión en septiembre de 2024. El resultado está a la vista: una elección popular “democrática” fue el mecanismo para “seleccionar” a ministros, magistrados y jueces; un proceso electivo “tamaleado” y celebrado con alegres “acordeones” morenistas.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó recientemente que no era cierto que su partido pretendiera quedarse con el PJF; y para demostrarlo, argumentó que la iniciativa morenista no era similar a la del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León en 1999, que cambió a los ministros, propuso ternas para cada uno de ellos y el Senado de la República lo avaló. Pero la promoción judicial morenista solamente es un poco distinta y sus resultados pronto estarán a la vista de los ciudadanos mexicanos: la Presidencia de la Sala Superior se rotará cada dos años, el primero de sus integrantes es afín a Morena; luego le seguirán tres ministras igualmente morenistas: Lenia Batres; Jazmín Esquivel y Loreta Ortiz.

Una cosa es el discurso y otra la realidad. Los morenistas repitieron lo hecho por Zedillo con algunas diferencias significativas: cada voto emitido costó cuatro veces más que los de la elección de 2024, a un costo de 619 pesos por cada sufragio; y si votaron 13 millones, como presume el Instituto Nacional Electoral (INE) –lo dudo– eso equivale a ocho mil 47 millones de pesos (mdp) echados a la basura, con los que se hubieran construido cinco mil 300 aulas de escuelas públicas o dotar de medicamentos a las clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Lo peor del fraude es que ni siquiera pudieron movilizar a sus bases. El año pasado votaron por Claudia Sheinbaum 36 millones de mexicanos; y si consideramos que todos los que sufragaron el domingo 1° de junio fueron el “voto duro” de Morena y “acarreados” por los Servidores de la Nación, los supuestos 13 millones de votos equivalen a 36 por ciento de los que eligieron a Sheinbaum. En otras palabras: Morena ha perdido capacidad de convocatoria. En la página de la Secretaría del Bienestar hay 24 millones de beneficiarios, pero no se notó su presencia en las urnas.

El acarreo morenista en la elección judicial es fácil de demostrar: el 27 por ciento de los que votaron tenían 60 años o más y el 36 por ciento de quienes tenían 50 años o más, son beneficiarios directos de programas sociales. Fueron llevados a las urnas adultos mayores y beneficiarios del programa Sembrando Vida, entre otros, con la amenaza de que, si no mostraban su dedo pintado con tinta indeleble, entonces les quitarían los apoyos. La gente fue a votar por miedo; y como muchos no supieron cómo hacerlo, recurrieron a los “acordeones” que entregaron los Servidores de la Nación o anularon las boletas. El 10 por ciento de éstas fue anulado, cifra nunca antes vista en la historia de la democracia mexicana.

Esto significa que el 90 por ciento de los mexicanos en edad de votar desairaron la elección judicial; es decir, 90 millones. Este resultado, insisto, es el mismo que logró Zedillo en 1999, pero con la diferencia de que, esta vez, costó ocho mil mdp, extraídos de las arcas públicas. Ahora tendremos, como afirmó un amigo: “ministros, magistrados y jueces del bienestar”… Y pasamos de la era del saber a la era del no saber; de la era de la carrera judicial, a la era de los abogados que no tienen experiencia en la administración de justicia.

En cierta ocasión, un funcionario del Poder Judicial me explicó que la ministra Lenia Batres no había resuelto prácticamente ningún caso que le competía, porque andaba en campaña. ¿Y sabes también por qué?… “Porque no tiene idea de lo que hay que hacer. ¿No resulta un acto de corrupción poner en un puesto de tal relevancia a alguien que no tiene idea de lo que debe hacer? Claro que sí; es un fraude a la patria; pero también es la única manera de legitimar estas atrocidades y sin razones impuestas desde una cabeza fuera de lugar”.

El partido Morena, como un esperpento o un Frankenstein, está iniciando su debacle, pero, al mismo tiempo, está fortaleciendo la dictadura que tanto hemos advertido en estas páginas. Sin embargo, los pueblos son los únicos capaces de derribar las dictaduras y las arbitrariedades del poder político y económico. Por ello debemos educarnos, organizarnos, formar un partido que realmente provenga del pueblo para construir una patria más justa en la que las clases trabajadoras manden y no las poderosas, como hasta ahora sucede.