Víctor Hugo Prado
“Que
dijo mi mamá que siempre no”. Así ocurrió con la reforma
electoral anunciada para entregarse ayer y que, de última hora, no
llegó a la Cámara de Diputados porque —según se dijo— se le
dará una “última revisada”. La explicación política parece
más evidente: el gobierno teme no alcanzar la mayoría calificada
que exige una modificación constitucional. No solo el PAN, PRI o MC
han anticipado su rechazo; incluso el PT y el Partido Verde, aliados
habituales de Morena, han mostrado reservas tras la reciente
aprobación de la Reforma Judicial.
Desde mediados del siglo XX, ninguna reforma electoral relevante en México ha prosperado sin acuerdos amplios entre fuerzas políticas. Las transformaciones de 1977, 1996 o 2014 fueron resultado de negociación y diálogo. Hoy se pretende romper esa tradición con una propuesta unilateral, sin consensos y sin un debate abierto que fortalezca lo construido. Una reforma de esa naturaleza nace debilitada.
Además, es una
reforma que nadie pidió. No figuró como prioridad central en la
agenda de la entonces candidata presidencial ni fue bandera de
campaña. Paradójicamente, las reglas que ahora se buscan modificar
son las mismas que permitieron la alternancia en el año 2000, el
triunfo de Morena en 2018 y su refrendo en 2024. Esas reglas han
demostrado que funcionan: han garantizado competencia real,
pluralidad y transición pacífica del poder.
El punto más
delicado es el eventual debilitamiento del Instituto Nacional
Electoral y la posible eliminación del PREP (Programa de Resultados
Electorales Preliminares), instrumento que brinda certeza la misma
noche de la elección. El INE no es perfecto, pero ha organizado
comicios complejos con altos niveles de confianza comparativa en
América Latina. Restarle facultades, comprometer su autonomía o
reducirlo presupuestalmente sin criterios técnicos puede volverlo
vulnerable a presiones políticas. La democracia no se abarata
debilitando a la autoridad que la garantiza.
México ha
construido, con avances y tropiezos, un sistema electoral competitivo
y profesional. Desmantelarlo sin diagnóstico claro ni consenso
amplio implica riesgos innecesarios. La historia reciente de la
región muestra que cuando las reglas electorales se ajustan para
favorecer al poder en turno, la erosión democrática es gradual pero
persistente.
El país no necesita una reforma que conduzca al
partido dominante ni que concentre poder bajo el argumento de la
eficiencia. Necesita una que fortalezca la participación ciudadana,
amplíe derechos, modernice procesos con transparencia y preserve la
autonomía institucional. Reformar, sí; pero para profundizar la
democracia, no para restringirla.
Porque debilitar lo que
funciona puede resultar más costoso que corregir lo que falla. Y en
materia electoral, el precio de equivocarse siempre lo paga la
confianza ciudadana. En otras palabras, se trata de que “no salga
más caro el caldo que las albóndigas”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario