Pedro Vargas Avalos
Después del desamparado Plan Electoral presentado por la
mandataria nacional Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), que como es del
conocimiento general no alcanzó la mayoría calificada -por el
abandono de los aliados de MORENA- para formar parte de la
Constitución Política de la República, se presentó por la
Presidenta lo que se conoce como Plan “B” Electoral (PBE). El
Senado lo recibió el pasado 17 de marzo y rápidamente le dio el
despacho que toda iniciativa merece. Se considera que se aprobará
con trámite ordinario, y que se incorporará a la ley Suprema en
unas cuantas semanas, con el fin de que sean leyes vigentes
aplicables durante el proceso electoral de 2027. El plazo para llevar
a cabo todo el procedimiento de reforma vence el 30 de mayo
venidero.
En su iniciativa, la primera magistrada federal,
indica que “La desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el
despilfarro de los bienes y recursos públicos, así como su
deficiente e ineficaz administración, han sido un lastre que ha
afectado negativamente la correcta administración pública en todos
los órdenes de gobierno y el cumplimiento de sus objetivos
institucionales, en detrimento de la población nacional”, hechos
que la ciudadanía pidió se terminaran, cuanto votó el domingo uno
de julio del 2018. Por ello ahora busca acabar con las prebendas y
la corrupción de la alta burocracia, pues asegura la gobernante, que
el gobierno no debe ser una carga para el pueblo y las personas
servidoras públicas no deben tener ventajas a costa del presupuesto.
Como afirma un principio: No debe haber gobierno rico con pueblo
pobre.
Para remediar lo anterior, expone CSP: “se propone
modificar el artículo 134 de la Constitución para prever que todo
ente público federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la
Ciudad de México, ajusten sus remuneraciones a los límites que se
establecen en el artículo 127 de la propia Constitución”. Al
respecto, considera que deben determinarse los casos en los que se
prohíbe la contratación de seguros de ahorro privados en beneficio
de los servidores públicos usando fondos del Estado, tal como el
Seguro de Separación Individualizado o las cajas de ahorro
especiales. En este renglón, políticos al estilo de Oscar Espinoza
Villarreal (aquel priista que fue el postrer Regente del DF) quien él
mismo confeccionó en Nacional Financiera, un sistema de retiro que
se autoaplicó impúdicamente, con el silencio culpable de sus jefes
políticos. Claro que la propuesta de reforma no incluye aquellos
derechos cuya obligación de otorgarlos provenga de normas vigentes,
de contratos colectivos o condiciones generales de trabajo. En la
prohibición para órganos gastalones, quedan incluidos los egresos
onerosos del Senado y de los Congresos estatales; de paso también
los ajustes llegarán -lo cual es muy necesario- a los ayuntamientos,
que suelen ser muy dispendiosos y por tal motivo -o sea, la carencia
de recursos- las obras y servicios que están a su cargo son muy
mediocres.
Por cierto, que los Congresos locales tienen no solo
el límite de los sueldos de sus integrantes (menores al de la
Presidenta del país) sino que además estarán sujetos a la no
reelección inmediata, que es el viejo ideal de la revolución
maderista de 1910, y a la observancia de la ley antinepotismo, con lo
cual en ningún caso, “podrá participar en la elección de una
diputación la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres
años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o
concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o
civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral
hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la
persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación”.
Finalmente, se habrá de fijar en las Constituciones locales que el
presupuesto anual de las legislaturas estatales no exceda del cero
punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad
federativa correspondiente.
Los ayuntamientos, por lo general
muy crecidos en número de integrantes (presidente municipal,
regidores y síndico) y altos funcionarios, tendrán un valladar
constitucional -además del referente a salarios menores que el
presidente de la república- para integrarse: un máximo de 15
regidores más un síndico. Con esta forma, fortalecerán su
presupuesto, pues los recursos públicos que se liberen como
consecuencia de la reducción o ajuste en la integración de dichos
órganos de gobierno municipal se sumarán al ámbito presupuestal de
la propia localidad, fortaleciendo su hacienda pública y así poseer
caudales que se destinarán a servicios públicos municipales, obra
pública local y en general acciones que incidan directamente en el
bienestar de la población. En este capítulo de los ayuntamientos,
se ratifica la prohibición del nepotismo en los cargos de elección
popular.
Por cierto, las oposiciones ya tomaban vuelo para
criticar la iniciativa, pero en el Senado se advirtió y anunció que
hará corrección en el artículo 115 constitucional para reintegrar
el “principio de paridad” al conformar el órgano de gobierno
municipal, que “por una omisión” se eliminó en la propuesta
presidencial, y una modificación a ese mismo ordenamiento, a fin de
quitar el tope mínimo en el número de regidurías en los
ayuntamientos –fijado en siete– y sólo dejar el máximo de 15.
(La Jornada, 19-III-026).
Otro tópico que toca el multicitado
Plan B, se refiere a la revocación de mandato, figura democrática
introducida en el sexenio previo al actual, y que está proyectado a
realizarse el próximo año, aunque ahora se plantea pudiera ser el
2028, si así lo pide la ciudadanía. Esta institución (revocación
de mandato), reconoce en el pueblo su atribución plena de la
soberanía, y por ello, los ciudadanos pueden en ejercicio de su
derecho, separar gobernantes corruptos o ineptos. Como afirma el
principio: El pueblo pone y el pueblo quita. En la modificación que
está en estudio, se precisa la posibilidad de que el titular del
ejecutivo pueda, sin hacer campañas por partidos o candidatos,
promover la participación popular en la revocación, en los términos
de la ley correspondiente.
En esta ocasión, tanto los partidos
aliados a MORENA, como los gobernadores de la Cuarta Transformación,
emitieron tajantes mensajes de apoyo a las propuestas de la
Presidenta CSP. En un desplegado, los ejecutivos -24- de la 4T,
manifestaron su respaldo al plan B, lo que implica que avalan la
disminución del monto de lo que corresponde a los Congresos locales
y al número de regidores que integran los cabildos, así como que no
haya privilegios para los funcionarios públicos y desde luego, no
haya sueldos exorbitantes. (Mañanera,18-III-026).
El Partido
del Trabajo -PT- , Morena y el Partido Verde Ecologista de México,
-PVEM- declararon su respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum
y al Plan B. Reginaldo Sandoval, por los del Trabajo, asentó que “La
unidad es clave para avanzar con determinación en la Cuarta
Transformación y trabajar por el bienestar del pueblo mexicano”,
rematando que no al cien sino al doscientos por ciento estaban con
CSP. Carlos Puente, diputado del Partido Verde, aseguró que el Plan
B de la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum
'empodera más a la gente'. Y Manuel Velasco, coordinador del partido
verde en el senado, en entrevista con José Cárdenas, explicó que
su bancada decidió respaldar el llamado ‘Plan B‘ de reforma
electoral impulsado por la presidenta, porque encontraron
coincidencias en temas clave como la reducción del gasto en
congresos locales, ayuntamientos y el propio Senado, con el objetivo
de generar ahorros que se destinen a obra pública y programas
sociales, agregando otros puntos, como la posibilidad de realizar
revocación de mandato en 2027 o 2028, y defendió los cambios
relacionados con consultas populares y la reducción del presupuesto
legislativo, asegurando que el planteamiento busca mayor eficiencia
en el gasto público y mejores beneficios para la ciudadanía. Por lo
que ve a MORENA, ni se diga; Ma. Luis Alcalde Luján, la dirigente,
exaltó el gobierno de la 4T y ponderó las cualidades republicanas
de la presidenta CSP, especificando los avances que conlleva la
iniciativa del Plan B.
En conclusión, de aprobarse el Plan B
electoral, se dará un paso más en el afán de que impere la
austeridad en el ramo de elecciones, se logren ahorros que se
derramarían para servicios y obras en pro de la comunidad, se
mejoren los sistemas democráticos y para fiscalizar los recursos
públicos, así como conceder más participación a la sociedad en
los procesos políticos de Estados y municipios.
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