Mariano
Cariño Méndez
Todos sabemos que el empleo juega un
papel cardinal para impulsar el auténtico desarrollo social y el
desarrollo económico de un país. Sin embargo, la realidad laboral
en México y Jalisco dista mucho de ser óptima. Dicho papel implica
que todos los habitantes en edad de trabajar tengan acceso a un
empleo digno que les permita satisfacer sus necesidades básicas
diarias. Dentro de los responsables para que dicha tarea se realice
se encuentran los gobiernos, quienes tienen que intervenir a través
de políticas económicas y de trabajo de mercado para poder realizar
dicha labor.
Tradicionalmente, se creía que, con mayor
crecimiento económico en los países en desarrollo, la situación de
la generación de empleos dignos iba a crecer al punto de satisfacer
la demanda laboral. Desgraciadamente, la realidad mundial y, en
consecuencia, la nacional, no se comporta de dicha manera. Según
datos del Banco Mundial (BM), México ocupa el lugar 13º en cuanto a
producción de la riqueza mundial; sin embargo, dichos resultados no
se reflejan en la generación de empleos. La Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) reporta una Población Económicamente
Activa (PEA) de 61.1 millones de personas, es decir, todos los
mexicanos en edad de trabajar; pero tan solo se generan empleos
formales, en otras palabras, aquellos que tienen un contrato con
salario fijo, acceso a derechos laborales y servicios de salud,
vivienda, a una pensión para la vejez o ahorro para el retiro, tan
solo para el 43.1 por ciento de mexicanos.
¿Qué sucede con el
resto de los mexicanos en edad de trabajar? El 54.2 por ciento
trabaja en la informalidad laboral, sin acceso a derechos básicos y
con la incertidumbre económica diaria para acceder a lo
indispensable para sobrevivir. A esto se suman 1.6 millones de
mexicanos que están desocupados. ¿Por qué no hay suficiente empleo
formal para todos? Finalmente, la acción del gobierno no es aislada
del modo de producción capitalista vigente, el cual exige para su
correcto funcionamiento un ejército de reserva, una parte de la
población que, aunque capaz de trabajar, no tiene empleo. Este grupo
de subempleados o desempleados actúa como una reserva que el capital
puede explotar, manteniendo salarios bajos y presión laboral. No es
novedad las continuas amenazas veladas al interior de las fábricas e
industrias: “Si no quieres trabajar, ahí afuera hay otros diez que
pueden hacer tu trabajo”. Todo esto tiene su manifestación en los
distintos estados mexicanos.
La situación en Jalisco no es
mejor; por más que se quiera decir lo contrario en los distintos
discursos oficiales, la PEA estatal es de 4 millones 16 mil 406
jaliscienses en edad de trabajar, de los cuales tan solo el 49.77 por
ciento trabaja en la formalidad, menos de la mitad, y por el otro
lado, los que viven con la zozobra de terminar la quincena o el mes
al carecer de ingresos fijos: el 47.6 por ciento trabaja en la
informalidad y el 2.63 por ciento está desocupado; es decir, 2
millones 17 mil 440 jaliscienses hacen circo, maroma y teatro para
poder satisfacer diariamente sus necesidades básicas. La cruda
realidad diaria que enfrentan millones de jaliscienses.
La
cruda realidad es enfrentada con acciones por parte de los empleados
en la informalidad y los desempleados; finalmente, tiene que llevar
pan a la mesa, ¿y qué hacen? Sobreviven a la vida empleándose sin
ningún tipo de seguridad social y con salarios bajos o, en algunos
casos, se dedican a la venta de diferentes mercancías en la vía
pública. Al fin, la realidad supera los discursos pomposos que se
dicen acerca del empleo formal. ¿Qué venden los comerciantes
ambulantes? Desde alimentos, ropa, juguetes, accesorios y artículos
artesanales, y para quien crea que lo hace por voluntad, lo invito a
sentir el hambre, esa que te estruja hasta los huesos o la falta de
dinero para curar a la familia; las propias condiciones económicas
del país y del estado empujan a la sociedad a satisfacer sus
necesidades básicas de una manera u otra.
El reciente
incidente en el centro de Guadalajara, donde un vendedor de tamales
fue intimidado por personal del ayuntamiento, fue un acto que para
muchos resulta increíble y hasta indignante, mientras el país y el
estado se desangran por todos lados, lo que merece especial atención
y con ello movilización del personal requerido es un vendedor de
tamales, quien se gana la vida como millones de mexicanos todos los
días, en los distintos videos difundidos en las redes sociales del
acontecimiento se puede observar la forma tan intimidatoria del
personal del ayuntamiento de la capital Tapatía por un lado y el
sentimiento de impotencia del vendedor ambulante, quien estaba
resignado a perder todo el fruto de su trabajo de un momento a otro.
¿Es esta la manera de resolver el problema? Por supuesto que no,
porque el vendedor de tamales hace, lo que millones de mexicanos y
jaliscienses, buscar la manera de sobrevivir a las malas condiciones
que promueven las políticas económicas y sociales de los gobiernos
en turno.
Subsistir se ha vuelto un delito para los gobiernos
del país, pero, por si fuera poco, la misma proliferación y
aceptación del comercio ambulante ha dejado en evidencia que los
empleos formales son sumamente precarios, con salarios que
imposibilitan el acceso a alimentos y productos que se venden en los
comercios establecidos. Recientemente, la organización civil México
¿Cómo vamos? y Oxfam México desmintieron uno de los mitos
alrededor del comercio ambulante, afirmando que “la informalidad es
una decisión personal”. En el estudio “El laberinto de la
informalidad”, explica que “la informalidad laboral no es
resultado de decisiones personales, sino de los arreglos
institucionales y sociales que hay en nuestro país en torno al
trabajo”. En otras palabras, miles de mexicanos no tienen
oportunidad más que emplearse en el comercio informal. En este
contexto, no basta con «levantarse más temprano» o «poner más
empeño», como suelen sugerir los discursos de superación personal
en medios y redes sociales. Las soluciones requieren cambios
estructurales en las políticas y leyes mexicanas, que solo pueden
venir de los gobiernos, dada la forma en que está organizada nuestra
sociedad.
La única forma que tienen los comerciantes
ambulantes de defender su derecho a trabajar honradamente consiste en
la solidaridad y fraternidad entre ellos, en la unidad de lucha, en
que se den cuenta de quién es el verdadero culpable de su situación,
pero, además, que la sociedad en general enfoque y exija a los que
propician estas circunstancias una solución auténtica. No se piden
imposibles; el artículo 5° de la Constitución dice: “A ninguna
persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”. ¿Acaso los
gobernantes actuales están por encima de este mandato
constitucional?
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