Víctor
Hugo Prado
El
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece reglas fundamentales para el manejo de los
recursos públicos y obliga a las autoridades a administrarlos con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Pero
también contiene una disposición esencial para la democracia: los
servidores públicos deben aplicar los recursos bajo su
responsabilidad con imparcialidad, sin influir en la equidad de la
competencia entre los partidos políticos.
El mismo precepto
establece que la propaganda gubernamental debe tener carácter
institucional y fines informativos, educativos o de orientación
social. No debe utilizarse para promover nombres, imágenes, voces o
símbolos que impliquen promoción personalizada de servidores
públicos.
Ante ello, vale la pena preguntarnos: ¿se respeta
el espíritu constitucional cuando funcionarios del gobierno
protagonizan mensajes que anuncian programas sociales?
Circula
en redes sociales un spot protagonizado por el secretario de
Educación Pública, Mario Delgado, en el que anuncia el depósito de
la Beca Rita Cetina y afirma que son “dos mil quinientos pesos que
les manda la presidenta” para útiles, uniformes o incluso “un
buen libro”. El programa efectivamente contempla un apoyo de 2,500
pesos por estudiante de primaria pública.
El problema no es la
existencia de la beca, sino la manera de comunicarla. Los recursos de
los programas sociales no salen del bolsillo de la presidenta ni de
ningún funcionario: provienen del presupuesto público, integrado
fundamentalmente por los impuestos que pagamos los ciudadanos.
Presentarlos como una dádiva personal puede generar una percepción
de agradecimiento hacia quien gobierna, cuando en realidad se trata
de recursos públicos.
La expresión “ya cayó el dinerito”,
además de desafortunada, trivializa un derecho social y puede
transmitir la idea de que el gobierno entrega dinero propio, cuando
administra recursos pertenecientes a todos.
Frente a estos
hechos, y ante la proximidad de los procesos electorales de 2027,
corresponde a los ciudadanos exigir que las instituciones electorales
vigilen con rigor el cumplimiento del artículo 134. El propio INE
reconoce la imparcialidad como uno de sus principios rectores y
señala que debe velar permanentemente por el interés de la sociedad
y los valores fundamentales de la democracia.
La democracia no
se defiende con discursos, sino haciendo cumplir la Constitución. Y
el artículo 134 no debería ser letra decorativa: debe aplicarse a
todos, sin distingos ni colores partidistas.
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