Para unos y para otros existen consecuencias: los
del primer grupo suelen ser queridos por la comunidad, enaltecidos
por la opinión pública y bien calificados por la crónica, que es
el preámbulo a la historia. Para los fallidos, sino los ampara la
impunidad -lo cual suele ser frecuente- los estigmatiza la cárcel,
que lamentablemente, por causa de aquella, resulta muy
esporádica.
Sin embargo, en nuestro país de vez en vez se dan
casos de justicia. Hace unos lustros, hubo ocasión en que una decena
de gobernantes de Entidades federativas, fueron procesados. Y aunque
en los más recientes años no se ha visto semejante fenómeno, nos
encontramos con que actualmente, tomando como referencia el penal de
máxima seguridad del Altiplano -Cefereso 1- o como se decía hace
tiempo, el parador de Almoloya, en el populoso Estado de México,
este año la prisión de óptima seguridad alberga a nada menos que
cinco exgobernadores. Lo cual no deja de ser advertencia oportuna
para los que acaban de ejercer sus funciones o los que están por
dejar de hacerlo.
¿Quiénes son esos personajes? Son los
exmandatarios de Guerrero, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y
Puebla. Y faltan otros que no sería remoto convergieran con los
anteriores, como pudieran ser los de Tamaulipas (FranciscoJavier
García Cabeza de Vaca), Chihuahua (María Eugenia “Maru” Campos
Galván), Sinaloa (Ruben Rocha Moya), etc. Ahora bien, hay unos que
no recibieron ese “hospedaje” porque los recluyeron en otro
centro penitenciario, tal es el caso de Roberto Sandoval Castañeda,
el exejecutivo de Nayarit, preso en el CEFERESO del Rincón cerca de
Tepic. Y otro más, quien está ya condenado y purga sentencia en el
Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la ciudad de México: Javier
Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz.
No perdamos de
vista y por tanto, tener en cuenta que son serios candidatos para
arribar a una prisión como las antedichas, desde el gober con
licencia de Sinaloa, hasta el enterrador del priismo “Alito”
Moreno, o algún otro que se sume en los días o meses siguientes.
Volviendo al tema de los hospedados en Almoloya, cuatro son
antiguos miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
(Mario Marín Torres, Tomás Yarrington, Cesar Duarte Jáquez y Ángel
Aguirre) y uno del Partido Acción Nacional (PAN) -Ernesto Ruffo
Appel-, quienes fueron marcados por causas penales que de hecho
marcan el final de sus trayectorias políticas: están marcados de
delitos graves cometidos durante o después de su gestión pública.
Las llegadas más sonadas y recientes corresponden: 1) al señor
Ángel Heladio Aguirre Rivero, exmandatario de Guerrero, vinculado a
proceso por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de videos
clave en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas
de Ayotzinapa;2) al muy estelar panista Ernesto Ruffo Appel, detenido
e ingresado al susodicho CEFERESO número 1, por su presunta
vinculación con delitos de contrabando de combustible, comúnmente
conocido como huachicoleo fiscal y que inmiscuye numerosas personas,
negocios y desde luego, ascienden sus ganancias ilegítimas a
millones y millones de pesos.
Este político -Ruffo- blanquiazul, (nacido en Estados Unidos en 1952) en fecha reciente fotografiado y enlistado por el nuevo partido político Somos México (conocido como Somos MX, aunque lo más probable es que se le sentencie a variar su nombre por el Tribunal Federal Electoral) es casi venerado por el panismo, sobre todo a partir de su detención, pues lo han tomado como mártir de la democracia y víctima de la Cuarta Transformación. Él se convirtió en 1989, bajo el salinato, en el primer gobernador de oposición reconocido oficialmente en México después de más de 60 años de administraciones estatales encabezadas por el PRI. Recordemos que Salinas, fue un mandatario que llegó al poder luego de un fraude en 1988 y negociando en lo oscurito con el PAN, este lo “legitimó” a cambio de canonjías y de establecer el “prianismo”, con lo que se consagró el neoliberalismo en México. Por ello, Ruffo es bandera de la oposición y hasta se han forjado círculos de opositores que lo defienden.
De
los demás encarcelados, es de llamar la atención el caso de Ángel
Aguirre Rivero, quien al parecer tuvo mucho que ver en el caso de los
43 muchachos desaparecidos en Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014:
se le acusa de que, siendo gobernador del estado de Guerrero durante
una reunión en Palacio de Gobierno, habría recibido material
videográfico relacionado con aquellos hechos. Dichas grabaciones,
obtenidas de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala,
presuntamente mostraban la intercepción de un autobús y la
actuación de policías y hombres armados, lo cual sería fundamental
para aclarar los hechos. Los padres de los desaparecidos manifestaron
su satisfacción y dijeron que “esta detención era una esperanza
para saber la verdad”.
Por lo que ve a Mario Marín, “el
gober precioso”, está preso por sus agresiones a la periodista
Lydia Cacho. Por sus influencias había logrado prisión
domiciliaria, pero lo regresaron a prisión: su presunta
responsabilidad en el delito de tortura en contra de la periodista
Lydia Cacho, es de tremenda repercusión social, de allí que es
correcta, a pesar de recursos legales, su vuelta al Centro Federal de
Reinserción Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya.
El
par restante de “gobers” en chirona, Tomás Yarrington Ruvalcaba,
el tamaulipeco procesado por fechorías contra la salud y operaciones
con recursos de procedencia ilícita, así como César Duarte Jáquez,
chihuahuense recluido por delitos de peculado y lavado de dinero, no
son sino típicos ejemplos de lo que no debería haber en nuestra
política, verdaderos lobos con piel de oveja que se dedicaron a mal
usar sus facultades y pervertir orden, presupuesto y justicia.
La conclusión es que todos los antedichos, son claras advertencias de lo que les espera a los altos servidores públicos que mienten, roban y atropellan los derechos ciudadanos. Lo decimos para los actuales, que ojalá no lleguen a esos extremos y por lo tanto, nunca sean huéspedes de tan tétricos reclusorios.
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