Los privilegios del pretérito poder judicial federal

 

Pedro Vargas Avalos

El Poder Judicial (tanto federal como de los Estados) tiene como esencial meta la de administrar la justicia. La Constitución Política de México, es clara en su artículo 17, cuando luego de prohibir a cualquier individuo la justicia por su propia mano, precisa en su párrafo segundo: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito…” Después, al tratar lo relativo al Poder Judicial dice la ley nacional suprema (art. 94) quienes ejercen ese poder constitucional: una Suprema Corte de Justicia, un Tribunal Electoral y Plenos Regionales; los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito. Finalmente, la administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. Finalmente, en el artículo 116 se establecen las bases del poder judicial de las Entidades Federativas.

Desde siempre, la generalidad de habitantes de nuestra República, han manifestado su “hambre y sed de justicia”, frase que denota lo imperfecta que era la administración de esa materia. Por ello, periódicamente se ansió mejorar los servicios judiciales, pero ordinariamente todos fueron intentos fallidos, asegurando la mayoría de la gente que el código civil era para beneficiar a los ricos y el penal, para castigar a los pobres.

Por lo que ve a los integrantes del ramo judicial, desde ministros hasta jueces y su personal, se reconocía que no ganaban lo suficiente para tan delicado cargo, por lo que se provocaba que aceptaran dádivas o exigieran entregas. Además, esos organismos estaban plagados de parientes y recomendados de políticos: nepotismo e influyentismo iban hombro con hombro. En pocas palabras, imperaba la corrupción.

Durante el presidencialismo de la etapa neoliberal, o sea entre Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, se incrementaron los salarios de los juzgadores y sus subalternos, llegándose a un nivel que superó al sueldo del Presidente de la República. En un esfuerzo -o disimulo de Felipe Calderón solapado por la Corte- en agosto 24 de 2009, se reformó la Constitución para que ningún servidor público ganara más que el titular del poder ejecutivo federal. Como reza el principio gatopardiano, todo se cambió para que el dislate salarial siguiera igual.
Con la llegada en 2018 al poder máximo del país de Andrés Manuel López Obrador, éste se esforzó por que tuviera vigencia el mandato antedicho, pero los señores juzgadores y ciertos funcionarios (más de dos mil), encabezados por los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fueron renuentes, y aunque aceptaron algunas reducciones a su remuneración (siempre mayores al del Presidente de la nación), salvaguardaron una enorme lista de privilegios, mismos que por su alto costo asombran. El segundo paso, para extirpar tales abusos, sobrevino con la elección popular de la SCJ y otros integrantes del Poder Judicial. El presidente del organismo, apoyado unánimemente por sus compañeros ministros, acordaron ganar menos que la Presidenta Claudia Sheinbaum (CSP) y eliminar los onerosos cuanto numerosos privilegios, e incluso propusieron se revisaran las asignaciones de los ministros en retiro que se otorgaron anticonstitucionalmente, especialmente cuando Ernesto Zedillo acabó con la SCJ en 1994 y conformó una con puros incondicionales del prianismo.

Con motivo de que recientemente se divulgó que se habían adquirido nueve camionetas blindadas, con un costo cada una de alrededor de tres millones de pesos, se desataron punzantes críticas de los grupos opositores a la Cuarta Transformación -4T- y hasta de algunos simpatizantes de ella. Según la SCJ, tras considerar que los vehículos de los que disponían “ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad” y además como los ministros que se fueron se habían llevado cuatro camionetas, decidieron renovar el equipo, con el fin de no solo proteger físicamente a los ministros, sino que además al comprar en lugar de arrendar, evitar gastos mayores.

La algarada opositora y los razonamientos críticos de algunos parciales, provocó que por un lado la SCJ acordara el 26 pasado, declinar utilizar los vehículos; el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz declaró que en la Corte "no hacemos oídos sordos" a los cuestionamientos y subrayó que la austeridad "no es un acto simbólico". Acompañado de ministros y del presidente del Órgano de Administración Judicial, Aguilar Ortiz sostuvo que la renovación de vehículos respondió a criterios técnicos, no a "excesos" como aplicaba la Corte anterior. Sobre el destino de las camionetas, aseveró que se reasignarán a juzgadores que enfrentan mayores riesgos en el ejercicio de su función. “Seguridad no implica lujo” y agregó que él hasta en transporte público viajaba. Por la otra parte, la mandataria CSP, en la Mañanera del martes 27, afirmó que “Sí, se acabaron los privilegios en la nueva Corte”.

La anterior afirmación, la hizo la gobernanta luego de informar el antes y después de los estipendios y privilegios de los exintegrantes de la SCJ. Comenzando con el sueldo mensual neto de un ministro, era de $206 mil 947 pesos; ahora es de $134 mil 310. Tenían Seguro de Gastos Médicos Mayores, (no iban al ISSSTE) al costo mensual de $36 mil 906 pesos. Ahora, cero. Se otorgaban un alto Seguro de Separación Individualizado, para cuando se separaban, $523 mil 314 pesos: seguro la elevada pensión que recibirían no les satisfacía. Ahora, cero. El aguinaldo, era de $585 mil y el nuevo será de $376 mil pesos.

Continuando a vuela pájaro los excesos de la antigua SCJ, apuntamos el Seguro de Vida Institucional de $37 mil pesos, frente a los $17 mil de ahora. Luego venía un ¡pago por riesgo!, por $639 mil 917 pesos, ahora eliminado. Muy exagerado era el rubro de medicinas complementarias, ejercido por la Corte, para sus ministras y ministros, por un millón 953 mil 789 pesos. En cambio, para el 2026, es cero. Esa cifra no incluía chequeos médicos, que eran $35 mil 966 pesos y ahora, cero. De igual forma está el apoyo de alimentos, que en 2023 fue de $5 millones 341 mil 162 pesos. Ahora, cero. En telefonía, se gastaban un millón $337 mil 756 pesos. Ahora, 200 mil. Finalmente, el material bibliohemerográfico, en el 2024 se gastaron $262 mil pesos y ahora nada.

Pero si lo anterior ya es no solo excesivo sino inicuo, tenían un área de “Atención a Ministras y Ministros” para servicios no oficiales,(149)de los cuales anotamos como principales los siguientes: agua, electricidad y telefonía para sus hogares; reparación de refrigeradores, compra de enseres menores; adquisición de camisetas y bordado de ropa. Mantenimiento del hogar, apartado de lugares y gestión en estadios de futbol y beisbol. Reserva de mesa en restaurantes. Traslado de amistades. Conseguir autógrafos de objetos personales a artistas o celebridades. Conseguir boletos de preventa o venta exclusiva y reservar lugares preferenciales en un evento o asignar personal oficial para guardia en sus casas.

Como puede colegirse, sin meternos a valorar los malos manejos legales que hayan hecho (son memorables cuando el desafuero de AMLO; su negativa a otorgar amparos a los maestros con motivo de la inmoral ley del ISSSTE de 2007; el guardar por años asuntos como el de Ricardo Salinas Pliego; meterse a legislar invadiendo al poder legislativo, etc., etc.) los antiguos miembros de la SCJ, lo cierto es que vivieron en la trastienda de la Constitución con ilegales remuneraciones y oprobiosas prebendas. Tamaños despropósitos -van 59- han desaparecido, confiamos los restantes pronto sean materia de olvido.