No hay peor ciego que el que no quiere ver

 

Víctor Hugo Prado

Las expresiones populares no son simples adornos del lenguaje: son cápsulas de experiencia colectiva. A través de ellas, generaciones enteras han sintetizado lecciones de vida en frases breves, directas y memorables. Una de las más persistentes es “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, utilizada para señalar esa forma de negación consciente en la que, pese a la evidencia, se opta por ignorar la realidad. No se trata de falta de información, sino de una decisión: la de cerrar los ojos ante verdades incómodas. Esta ceguera voluntaria, inofensiva en lo individual en algunos casos, puede convertirse en un obstáculo profundo cuando se traslada al ámbito público.

En la vida privada, negar un problema puede retrasar decisiones personales; en la vida pública, puede traducirse en costos humanos irreparables. Es ahí donde la metáfora deja de ser un dicho popular para convertirse en una advertencia política. La reacción del gobierno federal frente al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ilustra con claridad este riesgo. Dicho organismo señaló graves omisiones del Estado mexicano en la atención a las desapariciones y decidió escalar la preocupación al solicitar la intervención del Asamblea General de las Naciones Unidas, un hecho que no debe minimizarse.

El informe es particularmente contundente: identifica “indicios fundados” de desapariciones forzadas que, por su carácter generalizado o sistemático, podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Si bien el Comité reconoce que no existe evidencia de una política federal orientada a cometer estos actos, también advierte sobre la posible participación —directa o indirecta— de funcionarios públicos en algunos casos documentados. Este matiz es clave: no exime al Estado de responsabilidad, sino que refuerza la urgencia de investigar, esclarecer y sancionar.

De acuerdo con cifras oficiales, México acumula más de 100 mil personas desaparecidas, una tragedia que se ha profundizado en las últimas dos décadas. Detrás de cada número hay familias que buscan, que esperan, que resisten. Colectivos de madres y padres han asumido tareas que corresponden al Estado, recorriendo territorios, excavando con sus propias manos, sosteniendo una lucha que no debería ser suya.

Frente a esta realidad, descalificar o minimizar observaciones internacionales no fortalece la soberanía; la debilita. La crítica externa, cuando está sustentada, debe asumirse como una oportunidad para corregir el rumbo. Reconocer la magnitud del problema no es un acto de rendición, sino de responsabilidad.

México no necesita cerrar los ojos, sino abrirlos con valentía. El informe del Comité no es una condena, es un llamado. Atenderlo con seriedad puede marcar la diferencia entre la inercia y la acción. Porque en este tema, ver —y actuar en consecuencia— no es una opción: es una obligación moral y política.