Víctor Hugo Prado
La
educación no admite improvisaciones. Es el cimiento sobre el que se
construyen las oportunidades individuales y el desarrollo colectivo.
En México, cada reforma educativa ha prometido corregir el rumbo,
pero pocas han logrado consolidarse sin tensiones. En ese contexto
surgió la llamada Nueva Escuela Mexicana (NEM), impulsada durante el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuada por la actual
administración. Presentada como un proyecto transformador, su
objetivo era colocar a la comunidad en el centro del proceso
educativo y formar ciudadanos comprometidos con la justicia social.
La intención, en el papel, es difícil de cuestionar. El problema ha
sido su ejecución.
Más que una evolución, la NEM operó como
una contrarreforma. Uno de sus cambios más significativos fue la
desaparición de la evaluación educativa autónoma, debilitando
mecanismos técnicos que durante años buscaron medir el aprendizaje
con criterios científicos. No es un detalle menor: los sistemas
educativos más sólidos del mundo —evaluados a través de
instrumentos como PISA o TIMSS— sostienen su mejora continua
precisamente en la evaluación rigurosa de estudiantes, docentes y
planes de estudio. Renunciar a ello no es avanzar hacia un modelo más
humano; es retroceder hacia la opacidad.
A esta decisión se
suma un problema estructural: el financiamiento. Aunque el discurso
oficial ha insistido en la “revalorización del magisterio”, el
presupuesto educativo ha perdido peso relativo dentro del gasto
público. El resultado es visible: escuelas con carencias,
infraestructura rezagada y una formación docente insuficiente frente
a los retos contemporáneos. Aumentar salarios es positivo, pero no
sustituye una política integral de fortalecimiento educativo.
En
el terreno pedagógico, la implementación ha sido igual de
cuestionable. La sustitución abrupta de programas y libros de texto
en educación básica rompió con procesos de mejora gradual y
evidencia acumulada. En lugar de construir sobre lo existente, se
optó por un rediseño total, con escasa transparencia y limitada
participación de especialistas. La narrativa de un “humanismo
mexicano” terminó desplazando a equipos técnicos con experiencia,
abriendo espacio a decisiones más ideológicas que pedagógicas.
Lo
más preocupante no es el cambio en sí, sino la ausencia de
evaluación sobre sus efectos. Toda política pública debe medirse,
corregirse y, si es necesario, replantearse. Sin embargo, la
implementación de la NEM ha estado marcada por la cerrazón: avanzar
sin revisar, insistir sin diagnosticar.
México enfrenta una
disyuntiva. Puede reconocer las fallas, retomar la evidencia y
corregir el rumbo, o persistir en una ruta que compromete el futuro
educativo de millones. En educación, las decisiones de hoy no se
corrigen mañana: se padecen durante generaciones.
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