Diario El Volcán

 

Víctor Hugo Prado

No fue una frase diplomática más. Durante su visita a Sinaloa, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lanzó un mensaje incómodo pero directo: la corrupción no solo frena el desarrollo, lo distorsiona. Lo encarece, lo vuelve desigual y, sobre todo, erosiona la confianza que sostiene a los mercados. Sus palabras, pronunciadas en el contexto de una inversión relevante en Topolobampo, terminaron resonando más allá del evento cancelado por protestas sociales y el desgaste político del gobierno local.

El señalamiento no es menor. La corrupción, lejos de ser un problema abstracto, tiene efectos concretos: desalienta inversiones, reduce la competitividad y castiga a quienes sí cumplen las reglas. Por eso, cuando el embajador advierte que sin combatirla será difícil sostener proyectos de gran escala, no está opinando: está describiendo una condición básica del funcionamiento económico global.

El contexto refuerza la preocupación. De acuerdo con información publicada por el diario Los Angeles Times, Washington estaría preparando una estrategia más agresiva contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico. No se trataría solo de cancelar visas —una práctica ya conocida—, sino de abrir la puerta a procesos judiciales en cortes estadounidenses. De concretarse, este giro implicaría un cambio cualitativo en la relación bilateral: pasar de la presión diplomática a la acción penal extraterritorial.

Estos movimientos ocurren, además, en un momento particularmente sensible: las negociaciones en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El mensaje implícito es claro: el factor económico puede convertirse en palanca de presión política. La certeza jurídica, la seguridad y la transparencia ya no son solo condiciones internas; son exigencias externas para mantener la integración comercial.

Pero quizá lo más preocupante es que nada de esto resulta sorpresivo. México arrastra desde hace años un rezago estructural en el combate a la corrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, el país obtuvo 27 puntos sobre 100, ubicándose en la posición 141 de 182 naciones. Es decir, no solo no mejora: se estanca en niveles preocupantes.

Frente a este panorama, la reacción del Estado mexicano ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente. En el peor, negacionista. Porque el problema no es únicamente la corrupción en sí, sino la incapacidad —o falta de voluntad— para reconocer su magnitud.

México enfrenta una disyuntiva incómoda: asumir el problema con seriedad o seguir administrando su negación. Lo dicho por Washington no debería interpretarse como una intromisión, sino como un espejo. Y lo que refleja no es agradable.