Inseguridad: mucho más que una percepción

 

Víctor Hugo Prado

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI tiene como objetivo obtener información sobre la percepción de la población respecto de la seguridad pública en su ciudad y aportar elementos para la toma de decisiones en materia de política pública. Para ello, mide, entre otros aspectos, la percepción de inseguridad, los principales medios para informarse sobre ella, los conflictos y conductas antisociales, así como el desempeño y la confianza en las instituciones de gobierno.

Los datos correspondientes al primer trimestre de 2026 son más que reveladores. De acuerdo con la información recabada en 91 áreas urbanas del país, 61.5 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. La percepción fue mayor entre las mujeres, con 67.2 %, frente a 54.6 % de los hombres. Irapuato, Guanajuato, registró la mayor percepción de inseguridad, mientras que San Pedro Garza García, Nuevo León, presentó la menor, con apenas 4.4 %.

La sensación de vulnerabilidad aumenta en determinados espacios: 70.6 % dijo sentirse inseguro en cajeros automáticos ubicados en la vía pública; 65.3 % en la calle; 64.1 % en el transporte público y 60.1 % en las carreteras.

El futuro tampoco genera confianza. El 30.1 % considera que la delincuencia y la inseguridad seguirán igual de mal durante los próximos 12 meses, mientras que 27.1 % piensa que empeorarán. Solamente 24.7 % confía en que la situación mejorará.

La percepción tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana. El 43.7 % dejó de llevar consigo objetos de valor por temor a ser víctima de un delito; 39.2 % dejó de permitir que los menores salieran solos; 39.1 % dejó de caminar de noche cerca de su vivienda y 25.8 % evitó visitar a familiares o amigos.

Sin embargo, hay un aspecto que llama particularmente la atención: la ENSU mide la percepción de inseguridad, pero resulta insuficiente para dimensionar una de las amenazas más graves que enfrenta México: la violencia y el control territorial ejercido por el crimen organizado.

Hablamos de disputas por rutas de tráfico, dominio territorial, homicidios y enfrentamientos armados; pero también de extorsión, cobro de piso y control de actividades económicas y precios. Todo ello se agrava por la corrupción y una impunidad que permite que la mayoría de los delitos permanezcan sin castigo.

El INEGI cumple una función fundamental para conocer nuestra realidad. Pero si queremos diseñar políticas públicas eficaces, necesitamos ir más allá de medir cuánto miedo tiene la población. También debemos conocer quién genera ese miedo, cómo opera y cuánto territorio ha logrado controlar el crimen organizado. Ese diagnóstico es indispensable para enfrentar, de una vez por todas, una de las mayores amenazas para la seguridad y la gobernabilidad del país.