Van contra el Tarifazo al Transporte Público

 

El Volcán/GDL

El Partido Revolucionario Institucional en Jalisco manifestó su rechazo al aumento a la tarifa del transporte público aprobado por el Gobierno de Movimiento Ciudadano, al considerar que se trata de una decisión tomada sin transparencia, que afecta directamente a la economía de las familias jaliscienses y que fue aprobada aprovechando el periodo vacacional de fin de año.

 En rueda de prensa la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, señaló que el incremento fue aprobado el pasado 26 de diciembre por un Comité Técnico Tarifario que, dijo, “de técnico no tiene absolutamente nada”, y que el alza representa casi un 50 por ciento en el costo del pasaje para las y los usuarios del transporte público. Indicó que esta decisión impactará a casi tres millones de personas en el estado que utilizan diariamente este servicio.

Haro Ramírez afirmó que el tarifazo se suma a otros incrementos recientes como el aumento a las tarifas del agua, el predial, el refrendo y otros cobros, los cuales dijo se han vuelto una constante que golpea de manera permanente el bolsillo de las familias jaliscienses. Recordó que, en el caso del aumento al agua del SIAPA, el PRI fue el único partido que votó en contra, impulsó acciones jurídicas y promovió más de mil amparos y quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La dirigente estatal advirtió que una persona usuaria que realiza alrededor de seis viajes diarios podría destinar hasta una tercera parte del salario mínimo al pago del transporte público, aun con el esquema de subsidio anunciado por el gobierno estatal, el cual señaló se paga con recursos públicos y no representa un beneficio real para la ciudadanía.

Posteriormente, la diputada local Alondra Fausto expuso que el aumento a la tarifa fue anunciado y aplicado sin un procedimiento transparente, sin información clara para la ciudadanía y sin reglas públicas sobre el subsidio. Señaló que, para muchas familias, el transporte público se ha convertido en una decisión cotidiana entre cubrir el pasaje o atender otras necesidades básicas.

En este contexto, presentara la propuesta de Tarifa Social, una iniciativa que parte del principio de que el transporte público es un derecho y no una mercancía. Explicó que la tarifa debe calcularse con base en la capacidad real de pago de las personas, considerando el ingreso promedio de los hogares, el porcentaje máximo del ingreso destinado a movilidad y el número mínimo de viajes necesarios para trabajar, estudiar y atender la salud. Detalló que la iniciativa plantea que el costo real del sistema sirva como referencia para calcular el subsidio que debe aportar el Estado, mediante un Fondo de Movilidad Social con reglas claras, supervisión y rendición de cuentas, a fin de dar certidumbre, legitimidad social y justicia económica.

Finalmente, la diputada Cuquis Camarena informó que el Grupo Parlamentario del PRI definió cinco acciones concretas para frenar el aumento a la tarifa del transporte público.

1.- Solicitar al Gobernador del Estado vetar de manera inmediata el incremento aprobado por el Comité Técnico Tarifario, a fin de que sea revisado con mayor rigor técnico, social y presupuestal.

2.- Se exigirá la comparecencia del Secretario de Transporte y del Secretario de Hacienda ante el Congreso del Estado, para que expliquen los criterios del aumento y cómo se mantendrá el subsidio anunciado por cinco años a través del Fondo de Apoyo a Usuarios del Transporte Público.

3.- consiste en establecer un seguimiento permanente y transparente de los padrones de personas beneficiarias de la tarjeta única, así como informar al Congreso del Estado sobre los avances en su entrega y su costo-beneficio, con el objetivo de evitar su uso con fines electorales.

4.- Se planteó que las empresas concesionarias del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara presenten a la brevedad un plan de modernización, donde las y los usuarios sean el centro de la política pública.

5.- Se propuso que la Secretaría de Transporte y las empresas concesionarias se comprometan, mediante convenio, a modernizar el transporte público en un plazo de cinco años, presentando anualmente los avances estructurales, físicos y financieros.

Subrayó que el aumento al transporte público no es un hecho aislado, sino parte de una forma de gobernar que ha normalizado trasladar los costos a la ciudadanía sin mejoras reales en el servicio, y reiteró que la movilidad es un servicio esencial que no puede convertirse en un privilegio.

El PRI Jalisco reiteró que acompañará el malestar social y continuará impulsando acciones legales, legislativas y territoriales para frenar el tarifazo y defender la economía de las familias jaliscienses.