Víctor
Hugo Prado
Las
denuncias conocidas en estos días sobre la actuación de quien fuera
presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei,
y su renuncia presentada este lunes al cargo que encabezaba, deben
llevar al Estado mexicano a reflexionar y actuar frente a uno de los
más graves lastres que afectan la vida pública del país: la
corrupción.
Es una enfermedad que parece padecer buena parte
de quienes se encuentran incrustados en el poder y en las
instituciones de todos los niveles. En ella están implícitos el
despilfarro, el soborno a autoridades, el “moche” por el
otorgamiento de obras y contratos, los enjuagues económicos, el
encarecimiento de bienes y servicios, la opacidad en la asignación
de contratos, el nepotismo, la indiferencia ante los conflictos de
interés, el incumplimiento de perfil para el cargo ocupado y, en
suma, la ambición desmedida por apropiarse de los recursos
públicos.
En un
Estado de Derecho no debería corresponder a los medios de
comunicación, periodistas o influencers
de las redes sociales descubrir y documentar los actos de corrupción
de gobernantes y funcionarios. Para eso existen las instituciones del
Estado, y vaya que son varias: la Secretaría Anticorrupción y Buen
Gobierno, la Fiscalía General de la República y, en el caso del
INE, su Órgano Interno de Control (OIC), instancia con autonomía
técnica y de gestión encargada de fiscalizar, vigilar e investigar
el uso de los recursos, el patrimonio y el desempeño de sus
servidores públicos.
No
hacer su trabajo, actuar con ineficiencia o simular investigaciones
también constituye una forma de corrupción. Sus consecuencias
trascienden a las instituciones, afectan a la sociedad y pueden poner
en riesgo actos jurídicos fundamentales del Estado de Derecho. En el
caso del INE, incluso los procesos electorales para elegir
gobernadores, diputados federales y locales, así como ayuntamientos
en todo el país.
Es momento de definiciones. La presidenta de
México debe poner por encima de cualquier interés su autoridad
legal, política y moral para detener los excesos en el ejercicio del
poder. No se trata de ganar aplausos ni de buscar respaldo popular.
Se trata de cumplir el mandato para el que fue electa. Porque no
actuar, tolerar o encubrir también puede convertirse en una forma de
corrupción alentada desde las más altas esferas del poder.
Ante
la crisis que hoy deja tan mal parado a uno de los organismos que
durante años gozó de enorme credibilidad, la disyuntiva es clara:
emprender una verdadera cruzada contra la corrupción o continuar por
el camino de la destrucción institucional, poniendo en riesgo el
futuro de las generaciones que estamos obligados a entregarles una
nación mejor.
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