Cuando despertó, ya tenía invadida la patria

 

Víctor Hugo Prado

Cuando despertó, ya tenía invadida su residencia, su tierra, su patria. Fuerzas extranjeras lo habían capturado y se lo llevaron. Para algunos fue un secuestro; para otros, una aprehensión por delitos de narcoterrorismo. Hay quienes sostienen que la intervención militar estadounidense era la única vía para desmantelar el régimen; otros creen que debió ser el propio pueblo, con el respaldo de sus fuerzas armadas, quien le arrebatara el poder. Lo cierto es que el desafío lanzado —“vengan por mí, cobardes”— tuvo respuesta. Y tras su caída quedó un país sumido en el miedo, la desesperanza y la devastación institucional.

Durante años, el régimen sustituyó el Estado de derecho por el carisma autoritario y el uso sistemático de la fuerza. Junto con su antecesor, desmanteló la democracia venezolana: violó la Constitución, reescribió la historia oficial, corrompió a la cúpula militar otorgándole recursos, empresas y privilegios, purgó a jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló elecciones y persiguió a la disidencia. A la par, la depredación ambiental avanzó sobre selvas y bosques sin controles ni rendición de cuentas.

Para fabricar una ilusión de bienestar, el gobierno convirtió los apoyos sociales en espectáculo. Se repartían electrodomésticos —lavadoras, refrigeradores, televisores— que no solo paliaban momentáneamente la pobreza, sino que servían como vehículos de propaganda oficial. La política social dejó de ser una herramienta de desarrollo para convertirse en un instrumento de control.

La corrupción creció de manera descomunal. Los recursos petroleros fueron saqueados y utilizados para comprar lealtades internas y externas. En nombre de la llamada Revolución Bolivariana, se financiaron movimientos políticos en otros países con el objetivo de exportar un modelo autoritario en América Latina. Mientras tanto, la economía venezolana colapsó: entre 2013 y 2021 el PIB cayó más de 80%, la pobreza superó el 86% y cerca de nueve millones de personas se vieron forzadas a emigrar, muchas como perseguidos políticos y otras por la simple imposibilidad de sobrevivir.

El método fue claro: dividir a la sociedad por ideología, origen, raza o forma de vida; sembrar desconfianza, silenciar voces críticas y convertir al adversario en enemigo. Hubo cárcel para opositores, fraudes electorales reiterados y violaciones sistemáticas a derechos humanos básicos como la libertad de expresión, tránsito y reunión. No pocos analistas calificaron al régimen como un narcoestado.

Los signos y síntomas del chavismo-madurismo deben servir de advertencia a México. La tentación de eliminar contrapesos, reducir a la oposición —como ocurriría con la desaparición de espacios plurinominales— y concentrar el poder es el primer paso hacia el autoritarismo. Si la democracia se erosiona desde la ley, cuando despertemos, tal vez también descubramos que la patria ya ha sido invadida.