Pedro
Vargas Avalos
De
moda se ha puesto el distanciamiento entre el poder judicial y los
otros dos poderes constitucionales, específicamente el poder
ejecutivo. Y es de suma importancia que se aclaren las interrogantes
que el primer mandatario formuló el pasado 24 de octubre, así como
que la Suprema Corte de Justicia se manifieste con precisión sobre
el tema. A los mexicanos nos interesa sobremanera.
Es una
verdad admitida por tirios y troyanos, que, en los asuntos
administrativos del poder judicial (PJ), la rendición de cuentas y
la transparencia no tienen papel importante. Los miembros del ramo de
la justicia, viven como en un castillo aislado, por ende, aquello que
atañe al pueblo, da la impresión que no les importa; olvidan que su
papel es siempre actuar no solo apegados estrictamente al Derecho,
sino conducirse ceñidos a la justicia, principio de mayor calado que
lo simplemente legal.
El tema de la aprobación del
presupuesto de egresos, en lo que corresponde al ramo de la
administración de justicia federal, y junto a ello la cuestión de
los fideicomisos que no tienen fundamento en la ley (13 de 14 que se
han creado indebidamente dentro del poder judicial) y que por tanto,
se han suprimido por el Congreso de la Unión, han colmado esta
desavenencia entre los poderes de la República.
Como los
miembros de las oposiciones, aglutinados en el Frente Amplio por
México (FAM) se han erigido en una especie de oportunistas
defensores del poder judicial (abanderado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, SCJN) y sus privilegios, manifestándose de
esa manera y hasta marchando codo con codo, como se vio en días
pasados cuando protestaron algunos grupos de trabajadores del PJ,
-solo porción de ellos, pues de mas de 55 mil sindicalizados, apenas
desfilaron aproximadamente la quinta parte- se invitó a la
presidenta de la SCJN para asistir al Senado y allí explicar sus
razones para no estar de acuerdo con las pretensiones de los
legisladores sobre rasurar su propuesta de gastos, así como suprimir
los aludidos 13 fideicomisos, que son bolsas millonarias convertidas
en “guardaditos” del PJ. Sin embargo, al advertir la ministra
presidenta (Norma Lucía Piña Hernández) que los integrantes de
MORENA y aliados, no estaban de acuerdo en esa visita, desistió ante
la “falta de condiciones para llevar a cabo el dialogo”.
Al
respecto le preguntó un periodista, al primer mandatario Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), sobre ese tema y este le contestó: no
hace falta que vaya al Senado a exponerse a que le falten el respeto,
eso lo pueden hacer los ministros en una rueda de prensa. Allí,
ustedes la harían las preguntas respetuosamente, con absoluta
libertad, y así se le informaría al pueblo. (Mañanera del 24 de
octubre). De otra manera lo que habría, en la Cámara Alta, sería
puro espectáculo, permitiendo que según el partido que se tome, se
dijera: ‘Ningunearon a la presidenta del tribunal’ o ‘los
calló, les tapó la boca a los senadores’.
Acto seguido,
AMLO precisó los diez principales asuntos que deberían aclarar los
señores ministros de la SCJN: ¿Por qué ganan 700 mil pesos? Sobre
ello, ya sabemos que la Constitución de la República, es muy
puntual, al prohibir en su artículo 127, que los servidores públicos
de cualesquier ámbito -federal, estatal o municipal- tengan
remuneración mayor que el del Presidente del país. Y evidentemente,
esa cantidad de los ministros, es cuatro veces mayor.
También
deben explicar: ¿Por qué nunca se castiga a jueces, magistrados ni
a ministros por corrupción? En ese renglón, es una aguja en un
pajar encontrar algún dato sobre sanciones a jueces y magistrados,
no digamos ministros o miembros del Consejo de la Judicatura.
Otro
cuestionamiento pendiente es: ¿Por qué se contrató para el manejo
de la oficina de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un
hombre de absoluta confianza de García Luna? Sobre ello, se informó
por la prensa nacional que Ricardo Márquez Blas, excolaborador del
secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, sería el
encargado de logística y seguridad de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. (Público, agosto 26). También se contrató a la que
fuera subalterna de Genaro García Luna, Sonia Vargas Terrero, a
efecto de dirigir lo relativo a Recursos Materiales y servicios
generales.
¿Por qué dejan en libertad a delincuentes con
argucias legaloides? Es otra incógnita planteada, y ya sabemos que
han sido varios los presuntos criminales que han obtenido su
libertad, aduciendo siempre que la consignación del ministerio
público es incompleta.
Muy difícil es responder a la
cuestión que dijo AMLO: “¿Qué han resuelto en favor de la
mayoría del pueblo de México? Enlisten 10 acciones que hayan hecho
en beneficio del pueblo los últimos 30 años.” Al revés, todo
mundo sabe que, asuntos favorables a grandes empresarios o
transnacionales, son muchos.
Un ejemplo de cómo el PJ, estaba
supeditado al poder ejecutivo en tiempos del priismo y de los
panistas, es el por qué no permitieron que se consultara al pueblo
cuando se privatizó el petróleo.
¿Por qué no se
concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los
trabajadores? Sobre todo, en tratándose del magisterio, que no es
amparado ni aplicando el principio de que no hay leyes retroactivas,
cuando de jubilarse se trata.
Un doloroso tema fue el desastre
ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, en el cual
murieron 49 niños y hubo 106 heridos: ¿Por qué no aceptaron
castigar a los responsables del incendio de la guardería ABC?
Recordemos que en ese expediente, está enredada la parentela de la
esposa de Felipe Calderón, y a los que se castigó fueron simples
chivos expiatorios.
El mandatario federal, les espetó su caso
personal: ¿Por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero
de él -actual presidente de la República- cuando era jefe de
Gobierno? Eso fue una verdadera vergüenza y un colosal abuso del
poder, entonces ejercido por el panista Vicente Fox, un indiscutible
“cabeza hueca”, como le bautizó Fernández Noroña.
Asimismo,
AMLO dejó la tarea de que la SCJN explique: ¿Por qué en vez de
castigar a los delincuentes de cuello blanco, los dejan en libertad y
les devuelven los bienes robados, ¿cómo fue el caso de Raúl
Salinas y otros? Y aquí le paramos, porque efectivamente, existen
muchísimos otros hechos que ameritan, más que explicación, que se
combaten hasta erradicar, tal como las corruptelas y el nepotismo,
que, en los entretelones de la justicia, es algo arraigado, siempre
señalado y nunca abatido.
No cabe duda, los planteamientos
anteriores, son un catálogo de cuestiones que el Poder Judicial y
particularmente la Suprema Corte, si como presumen sus integrantes,
son probos y sirven tanto al pueblo como a la república, deberían
por salud pública, prontamente esclarecer.
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