El Volcán
“En el PRI Jalisco advertimos
que la nueva Ley General de Aguas, lejos de garantizar seguridad
hídrica acabará por criminalizar a campesinos, productores y
comunidades rurales”, dijo la presidenta del PRI Jalisco,
Laura Haro.
La iniciativa propone endurecer las sanciones a
quienes hagan un uso distinto del agua asignada: trasladar,
ceder, intercambiar por pago, o simplemente cambiar el destino
original del recurso, podría desencadenar multas millonarias,
revocación de concesiones e incluso penas de cárcel de entre 2
y 10 años.
Las consecuencias para el campo son
devastadoras:
* Transformación de concesiones históricas
—muchas heredadas por
generaciones— en permisos temporales,
sujetos a la discrecional decisión de
autoridades de la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
* Riesgo de perder
el derecho al agua, patrimonio fundamental del productor y de
su
familia.
* Desaparición de la certeza jurídica y
patrimonial construida por generaciones de campesinos.
*
Concentración del control hídrico en el gobierno federal,
debilitando los módulos y asociaciones rurales, que han sido
garantes de la producción agrícola nacional.
Por si
fuera poco, la reforma también transforma el agua en un bien aún
más centralizado: la Conagua controlaría distribución, tarifas,
infraestructura y asignación del recurso, con un papel
preponderante en la vida del campo.
“En este contexto, el
Partido Revolucionario Institucional reafirma su compromiso con las
mujeres y los hombres del campo, quienes día a día alimentan a
México. El PRI ha llevado a cabo foros de escucha ciudadana —en
Ciudad de México, Chihuahua, Campeche, Tabasco, Guanajuato,
Aguascalientes, entre otros estados— para recoger las voces de
productores, campesinos y sociedad civil, y defender su patrimonio
vital: el agua”, concluyó su mensaje Laura Haro.
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