El
Volcán/Congreso
La diputada Yussara Canales González
presentó una iniciativa que busca poner fin a una práctica
histórica en Jalisco: el uso discrecional y personal de vehículos
oficiales en dependencias estatales y municipales. La propuesta, que
crea una ley estatal para regular de manera uniforme el uso de estas
unidades, coloca sobre la mesa un tema que por años ha generado
molestia ciudadana, vacíos legales y opacidad administrativa.
La
legisladora explicó que su iniciativa establece una norma clara y
homogénea para todos los poderes del Estado, organismos autónomos y
ayuntamientos. Durante su presentación afirmó:
“Acabo de
presentar en el Congreso del Estado de Jalisco una iniciativa que
propone crear una ley estatal que regule de forma uniforme el uso de
vehículos oficiales en el estado de Jalisco y sus municipios. Ante
la falta de una normativa integral que actualmente provoca
discrecionalidad, opacidad y uso ineficiente de los recursos
públicos, el objetivo principal es garantizar que los vehículos
oficiales se utilicen exclusivamente para fines institucionales, con
controles estrictos de asignación, de mantenimiento, el consumo de
combustible, transparencia en su operación.” La iniciativa
contempla medidas contundentes:
* Bitácoras obligatorias para cada vehículo.
* Bitácoras obligatorias para cada vehículo.
* Identificación visible con logotipo,
número económico y teléfono para denuncias.
* Prohibición
expresa de uso personal o fuera del horario laboral sin comisión.
*
Responsabilidad directa de los servidores públicos por daños o
negligencia.
* Supervisión permanente de órganos internos de
control.
* Sanciones administrativas y penales ante el uso
indebido.
La vallartense subrayó que la propuesta no
representa gasto adicional: “La ley no implica gastos adicionales
ni creación de nuevas plazas, busca fortalecer la transparencia, la
austeridad y la confianza ciudadana, armonizando los criterios entre
los tres poderes y los municipios.”
Canales expuso que
Jalisco enfrenta actualmente un desorden normativo que permite que
cada dependencia y municipio establezca sus propios criterios sobre
el uso de vehículos oficiales, lo que ha generado prácticas que van
desde el uso personal de unidades hasta la falta de identificación y
de controles básicos. Entre las irregularidades más comunes se
encuentran:
* Vehículos usados como particulares.
*
Unidades sin rótulos ni número económico.
* Ausencia de
bitácoras y registros de combustible.
* Uso fuera de horario
laboral sin justificación.
* Supervisión mínima del gasto
vehicular.
* Falta de sanciones efectivas.
Esta
situación ha generado una percepción pública de privilegio e
impunidad, alimentada por denuncias vecinales y registros en medios
que exhiben el uso indebido de vehículos oficiales.
La
legisladora recordó que entidades como Ciudad de México, Estado de
México, Sonora, Querétaro y Guanajuato cuentan desde hace años con
leyes específicas que controlan estos vehículos mediante bitácoras,
transparencia y sanciones estrictas. Jalisco, en contraste:
*
Carece de una ley estatal en la materia.
* Permite que cada
ayuntamiento defina sus propias reglas.
* No tiene un sistema
uniforme de registro o control.
* Mantiene un vacío legal que
facilita la discrecionalidad.
Canales advierte que la
aprobación de esta ley sería clave para recuperar la confianza
ciudadana y poner a Jalisco al nivel de las mejores prácticas
nacionales.
La iniciativa fue turnada a comisiones y podría
convertirse en una reforma relevante en materia de transparencia,
austeridad y control del gasto público.
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